El paro general realizado este viernes en Brasil tuvo un alto acatamiento, tomando en cuenta la escasa incidencia del sindicalismo en la vida laboral del país vecino. Es posible afirmar que un 50 por ciento de los trabajadores detuvieron sus actividades en contra de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Jair Bolsonaro. La protesta enlaza con el repudio al plan económico que, este año, ha generado un deterioro de la economía local.
«La paralización contra la reforma previsional responde a nuestras expectativas», declaró Douglas Izzo, presidente de la Central Unica de los Trabajadores (CUT) de San Pablo. «Los estudiantes están junto a la clase trabajadora, ellos entendieron que esta reforma va a atacar a las futuras generaciones», señaló el dirigente. La huelga fue acompañada por movilizaciones con efecto impactante. Varias de ellas fueron reprimidas por la policía.
Avenidas importantes fueron bloqueadas por manifestantes que armaron barricadas con neumáticos encendidos. En Rio de Janeiro las protestas interrumpieron el tráfico de la ciudad. Para dispersarlas los uniformados usaron bombas de gases lacrimógenos. Las movilizaciones y piquetes heredan el envión de la multitudinaria marcha en defensa de la educación pública y contra los cortes del presupuesto, especialmente en las universidades, que fueron encabezadas por estudiantes el 15 de mayo. Esa fue considerada la primer revuelta masiva contra el gobierno.
El paro de hoy contó con un respaldo unitario, y poco frecuente, de todas las organizaciones gremiales , lideradas por las CUT, ligada al PT. El acatamiento fue total en maestros, bancarios, metalúrgicos, conductores del subterráneo y petroleros, y parcial en el resto de los gremios. «La clase trabajadora está despertando después de ser engañada el año pasado cuando muchos votaron a Bolsonaro, hoy está revelándose contra el gobierno, la gente está indignada con este escándalo que dio The Intercept», completó Bacelar.
La observación estuvo dirigda a las revelaciones del sitio mencionado sobre la complicidad del ex juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, con los fiscales de la causa Lava Jato a fin de condenar sin pruebas a Luiz Inácio Lula da Silva. El caso Moro desató una nueva crisis en el gobierno de Bolsonaro, cuya popularidad bajó 20 puntos en los primeros cinco meses de gestión. Al mismo tiempo, se conoció la caída en la producción brasileña durante el primer trimestre del año en curso.
Agencias / Radio Gráfica / La Señal Medios / Sindical Federal