Ariel Garbarz, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, dio cuenta de las posibilidades de fraude electoral por la utilización de un nuevo software. «En estas elecciones se introduce un elemento tecnológico que no existió en ninguna elección anterior, es la permisión del envío de actas de escrutinio y los telegramas a través de un software que tiene código de propietario, es secreto y no puede ser auditado por ningún fiscal informático».
Entrevistado por Mauro Cavallin y Camila Hernández Benítez en Radio Gráfica, refirió lo que se conoce de este programa: «La empresa Smartmatic, propietaria, publicó en su página web la ficha técnica de este software e indicaba que tiene la capacidad de transformar y manejar la información. Estamos hablando de manipular la información que se va transmitir desde 15 mil escuelas hacia el centro de computos».
«Por lo tanto hay preocupación, porque hay confesión por parte del propietario. Así lo entendió el fiscal Di Lello que abrió una causa. Así también lo entendieron los apoderados del Partido Justicialista (PJ) y la apoderada del Frente de Todos, por esto ambos hicieron presentaciones solicitando que no se utilice esta herramienta», aseveró el profesor de seguridad de la UTN.
En relación a las pruebas que fue sometido el software indicó: «No tuvo que haber problemas, sin embargo los hubo. Insisto, fue provocado. La mayoría de las transmisiones no se pudieron hacer, otras sí. Teniendo en cuenta que todas las escuelas tienen wifi y en efecto hay una facilidad para recepcionar y enviar información, yo creo que fue una distracción para que el periodismo se entretenga. Es decir mirar el árbol, pero no el bosque».
Sobre Smartmatic señaló: «esta empresa fue contratada no solo para hacer el escrutinio, sino también para todo el procesamiento de los datos. El correo argentino, por primera vez, tendrá dos centros de computos en paralelo. Otra irregularidad más. Una va estar en Barracas, donde los fiscales informáticos vamos a estar presentes y la otra va estar en Monte Grande, que va recibir la misma información de las 15 mil escuelas a través del software. Al dividirse el proceso se pierde la fiscalización».
Y resaltó «la explicación que dieron fue, en caso haya corte de luz, inundación, amenaza de bomba o cualquier otro inconveniente. Ninguno justifica armar otro centro de computo en paralelo».
Por otro lado, la secuencia consiste en guardar las actas físicas en sobres que provee el presidente de mesa, luego se digitaliza y se envía a un centro de computo. Pero también se envía en formato físico para recontrarlo «únicamente en el comicio definitivo, que no es el día de las elecciones. Empieza 48 horas después y que por ley tiene que durar 10 días hábiles, ahí se hace el conteo con papel».
«Esto nos da un poco de tranquilidad pero tengamos en cuenta que habrá denuncias, y estas van a tener que ser atendidas por la justicia electoral. Si quieren hacer un fraude efectivo van a tener que adulterar entre 7 y 11 puntos, según cada una de las consultoras que lleva la diferencia entre las dos fórmulas. Para eso se necesita adulterar miles de actas. Eso puede llevar a que el escrutinio definitivo demore más que 10 días hábiles», analizó el ingeniero.
Sobre la importancia de la fiscalización del proceso, sintetizó que «es muy importante, más que en otras elecciones, tener la mayor cantidad de fiscales partidarios en la mesas. Son 90 mil mesas repartidas en 15 mil escuelas. Necesitamos 90 mil fiscales partidarios, que tomen una foto o que se lleven el certificado fiscal firmado por el presidente de mesa para después compararlo con los resultados que publique la web del Ministerio del Interior. Y cuando difiera los resultados, formular la correspondiente denuncia a través de los fiscales generales, de los apoderados y de los partidos políticos».
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