A doce años del incendio del taller textil de la calle Luis Viale, en Flores, la querella le pidió a la Cámara que procese a los dueños de las grandes marcas, acusados de no sólo proveer el trabajo, sino también de ser quienes compraron las máquinas y tenían una relación estrecha con los empleados, que se encontraban en malas condiciones laborales. En el lugar vivían 64 personas y el incendio dejó cinco menores y una joven muertos.
Juan Vasquez, miembro de Simbiosis Cultural, explicó en Desde el Barrio que los dueños de las marcas no sólo eran los encargados de proveer trabajo al taller, sino que fueron quienes «compraron las máquinas, eran los dueños del lugar y eran los que pagaban por cada una de las producciones». Por lo tanto, «pese a lo que entendieron el juez Alberto Baños y la fiscal Betina Botta, había una relación muy estrecha. De hecho, uno de los talleristas, cuando comenzó el incendio no llamó a los bomberos sino que llamó a uno de los dueños» de las marcas.
En la causa fueron condenados a 13 años de prisión los encargados del taller, quienes, denunciaron «eran meros encargados». En ese marco, se abrió la investigación sobre la responsabilidad de Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, dueños del inmueble del taller y de las marcas JD y Loderville, que allí se trabajaban. Sin embargo, la causa recayó en Baños y Botta, quienes dictaron la falta de mérito para procesar a los empresarios.
Según explicó Vasquez, el juez argumentó que los empresarios «no eran conscientes del nivel de precarización que había en el taller, como que no sabían lo que pasaba ahí pero eran quienes proveían las máquinas y le pagaban a todos. Los vecinos los conocían muy bien y los vieron varias veces ingresando al lugar».
Además, denunció, según los testimonios «una semana antes del incendio pasaron los inspectores y se fueron llevándose pantalones en los patrulleros». Tras la tragedia, el Gobierno de la Ciudad, «al enterarse que había este grado de explotación, decidió allanar a todos» los talleres, «salió lo más represivo y quedó mucha gente en la calle».
Con esa política, «todos los talleres textiles se fueron para provincia porque al tener esta mirada punitivista, los empujaron» a territorio bonaerense «porque tienen menor grado de control. A la industria no le movió nada, sólo que ahora tienen que pagar más en remises para traer la mercadería».
En ese marco, desde la querella solicitaron que se cambie de juez y fiscal para poder dar lugar a la investigación de los dueños de las marcas.
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