Tras darse a conocer un documento de la Agencia Nacional de Discapacidad que dispone frenar las pensiones por discapacidad a niños y niñas, Marcelo Betti, presidente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y Varina Suleiman, abogada del mismo espacio dialogaron con Feas, Sucias y Malas.
La abogada informó que “hasta ahora no hay mucho conocimiento sobre el documento, la agencia ha salido a decir que lo desconoce”. Por este motivo explicó que “REDI ha presentado un pedido de acceso a la información pública para que la Agencia de cuenta de la situación”.
Asimismo aclaró que “si fuese cierta su aplicación, las que se verían afectadas son las personas con pensiones en trámites, provocando la lentitud en el trámite o la denegación de la misma” y agregó que “las personas que se vieran afectadas podrán impugnar judicialmente esa denegatoria”.
En dialogo con Úrsula Asta y Valeria Rodríguez, el presidente de REDI señaló que “este documento es un elemento más de una sistemática política de ataque a las personas con discapacidad y reducción de sus derechos adquiridos”.
Y explicó la importancia del cobro de pensiones por discapacidad: “Sirven para paliar una situación de desventaja estructural que tiene las personas con discapacidad respecto a toda la población de lo inaccesible del diseño de la ciudad o del pueblo” y añadió que “la cantidad de dinero que necesita una persona con discapacidad para solventar un nivel de vida independiente es mayor al de las otras personas”.
También hizo referencia al presupuesto 2018: “En aquel proyecto de presupuesto que ya se convirtió en ley y que está en ejecución para este año, hay una disminución de 38 mil pensiones respecto a las que se entregaron en 2017, sabiendo que existen fallos judiciales que exigen que se deben restituir la totalidad de pensiones, comenzadas desde el 2016”.
“Nos preocupa el enorme desconocimiento que hay sobre la temática por parte de los funcionarios públicos, y más teniendo funcionarios de alto cargo que son personas con discapacidad”, puntualizó Betti.
Además denunció que “se diseñan políticas públicas en las cuales no se involucra ni se consulta a las personas con discapacidad, en consecuencia hay una perspectiva economicista que es la reducción el gasto fiscal”.
“La principal problemática para las personas con discapacidad es el desempleo, sabiendo que es mucho mayor el porcentaje que en el resto de la población”, sostuvo Marcelo Betti.
Por su parte, Suleiman aseguró: “Nosotros defendemos un colectivo que es vulnerable y está disperso en todo el país”.
Puntualmente, ratificó que en el caso de las enfermedades psicosociales “la pensión cumple un rol de subsistencia, más que nada porque suelen quebrarse los lazos sociales. Esa persona necesita apoyo para poder reinsertarse, ya que cuando no tiene una red de contención es muy probable que tenga una recaída”.
Finalmente, la abogada manifestó: “En REDI trabajamos la discapacidad desde la perspectiva de derechos humanos. Es una bisagra, porque en vez de ver a la persona con discapacidad como un objeto de protección, se la considera un sujeto de derecho”. “La persona con discapacidad lucha por su autonomía, el Estado tiene que proveérsela”, concluyó.
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