Por Leila Bitar*
El domingo pasado el portal web “The Intercept” reveló información que sacudió a Brasil. El medio a cargo del prestigioso periodista ganador del premio Pullitzer, Glen Greenwald, publicó un material que demuestra que el ex juez Sergio Moro (actual ministro de Justicia de Bolsonaro), y el fiscal Deltan Dallagnol, coordinador de la causa ‘Operación Lava Jato’, intercambiaron mensajes a través de Telegram con el objetivo de condenar a Lula Da Silva a prisión y evitar así que sea candidato presidencial.
Las filtraciones dejan en evidencia que el proceso de juicio que vinculaba al ex presidente Lula con la operación “Lava Jato” está colmado de irregularidades y pone en duda la imparcialidad de Sergio Moro, entonces juez a cargo de la instrucción. La constitución Nacional y el Código Penal brasileño prohíben el intercambio de mensajes entre jueces y fiscales, sin embargo, las conversaciones difundidas, ponen de manifiesto la motivación política de los funcionarios para evitar que Lula se presente como candidato a presidente por el Partido de los Trabajadores (PT), cuando las encuestas pronosticaban un claro triunfo del dirigente.
El corresponsal de Telesur en Brasil, Nacho Lemus, contó en Radio Gráfica que la información publicada por el portal constituye sólo el 1% del material total, con lo cual se espera que en los próximos días existan más revelaciones sobre el complot judicial. El periodista también afirmó que “Lula nunca estuvo tan cerca de ser liberado como hoy”, y explicó que el habeas corpus que presentó su defensa será revisada por la Corte Suprema. Éste recurso había sido archivado “con dos votos en contra de su libertad, pero si hoy tres magistrados votan a favor, Lula quedaría libre”, aseguró.
El ex presidente cumple desde abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses de cárcel por haber sido declarado culpable por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Da Silva fue acusado de recibir a cambio de favores políticos a la constructora OAS, un departamento en Sao Paulo que, durante el proceso judicial, se comprobó que el ex mandatario nunca ocupó ni tuvo a su nombre. De hecho, los fragmentos de diálogos publicados entre Moro y Dallagnol, ilustran las dudas que tenía el fiscal sobre la falta de pruebas firmes: “Van a decir que estamos acusando sobre la base de una noticia de un diario y con indicios débiles… Entonces hay que atar el tema a algo bien fuerte. La ligazón entre Petrobrás y el enriquecimiento. Tenemos que preparar las respuestas correspondientes y tenerlas listas en la punta de la lengua”, escribía Dallagnol.
Si bien se espera la publicación de mas material que evidencie la serie de arbitrariedades y la animosidad del poder judicial brasileño para impedir el retorno del PT al gobierno nacional, ya se puede afirmar que el juicio que derivó en la prisión del ex presidente, carece de legitimidad. Pone también en el centro del debate, el denominado “lawfare”, como mecanismo utilizado por el establishment económico regional para direccionar los procesos electorales, y que sobre todo, como dijo el Papa Francisco “además de poner en riesgo la democracia, mina los procesos políticos emergentes”.
(*) Periodista, co-conductora de Desde el Barrio – Radio Gráfica
