Ana Camarda, docente del Centro Universitario Devoto (CUD), analizó en Desde el Barrio la iniciativa de reformar la Ley de Ejecución Penal, que ya tiene media sanción en Diputados y ahora se decidirá con Senadores.
“En este momento se encuentra vigente la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad (N°24.660), que está relacionada con el funcionamiento de la ejecución de las penas en el sistema federal; además funciona como ley marco en todo los sistemas penitenciario provincial”, afirmó la docente.
La docente agregó que la reforma de la ley “viola la Constitución Nacional y los principios de la misma porque no cumple la progresividad de la pena” y agregó que “Una persona que comete un delito y se encuentra en la cárcel tiene la obligación de acceder al trabajo y la educación, con el fin de modificar las conductas, pero la reforma plantea que no hay posible recuperación del detenido”.
También comentó porque los detenidos de la cárcel de Devoto se oponen a esta reforma y aclaró que “Nosotros estamos en permanente contacto con los detenidos, no hay motín sino que hay una huelga de hambre con un paro de actividades pacífica”. Asimismo, explicó “Hay que desactivar la idea de motín porque es criminalizar a los detenidos, ya que se crea una construcción social del detenido donde lo muestran como un monstruo, pero esa imagen está muy distante de la realidad”.
En comunicación con Lautaro Fernández Elem y Mario Sadras, Camarda hizo referencia sobre los intento de aprobar la reforma en este tiempo y afirmó que “a fin de año se intentó reformar pero un conjunto de organizaciones sociales que están vinculadas con los detenidos hicieron movilizaciones para frenar que avance el proyecto de reforma”. Además, aclaró que “Federico Pinedo dijo que había que dar un debate serio, hasta ahora nunca lo hubo. Se está utilizando un caso tan terrible como el de Micaela para acelerar la aprobación de la reforma, porque realmente desconocen lo que pasa. Solo quieren ganar falsos titulares”.
“Está demostrado que endurecer las penas genera un espiral de violencia, comienza en la cárcel pero termina en la calle»”, afirmó la docente.
Por otro lado se refirió al Centro Universitario Devoto y informó que “tiene más de 30 años de experiencias, es muy innovador”, también comentó que”es pionero en la educación universitaria en cárceles”, y confirmó que “tanto el secundario como los talleres que se dan garantizan el derecho de la educación que muchos no tuvieron”.
Además, analizó el debate que se generó a partir del caso de Micaela, joven que fue víctima de un femicidio, y declaró que “a mi lo que me asusta son las respuestas apresuradas. Una persona que lleva un año con salidas transitorias tiene derecho a tener libertad condicional, hubo un error en la decisión por parte del Juez que desoyó a las pericias”.
Pero también la docente dijo que “Se desconocen los mecanismos que están en las cárceles, hay un esquema que tiene que atravesar una persona para poder tener salidas transitorias, el riesgo es lo mismo, con salidas transitorias o con la libertad condicional porque no hay mecanismo de seguimiento que acompañen a las personas que estuvieron detenidas. Se las tira a la calle cuando salen del penal y no tienen nada. La responsabilidad es del Estado por no brindar estas las herramientas”.
Finalmente, fue consultada sobre si es necesario modificar la ley y respondió que “yo diría que la ley se cumpla, porque es muy completa y reconoce los derechos de los detenidos. Las personas que cometen delitos son contra la propiedad, por eso, hay que averiguar las posibilidades que tienen de insertarse en la sociedad antes de cometer el delito. La ley es completa, tiene la obligación de darle trabajo y educación pero no se cumple en su totalidad”.
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