Por Ramiro Coelho *
“Toda persona debería hacerse su casa”, afirma con tono convencido Héctor Nuñez mientras toma mate en el alero de su casa. De profesión carpintero, este bioconstructor uruguayo ha caminado un largo recorrido hasta llegar a estos métodos no convencionales, pero si tradicionales construcción. Los seres humanos hemos venido utilizando este material desde hace miles de años y, según Héctor, mejora la calidad de vida de sus habitantes y permite ahorrar energía y dinero. De acuerdo a la explicación que él desarrolla, el barro tiene la propiedad de regular los niveles de humedad y, por sus propiedades térmicas, mantener la vivienda a temperaturas agradables para las personas, haciendo menos uso de energía y generando un menor impacto ambiental. Esta última cuestión resulta muy importante para la bioconstrucción al igual que el impacto económico que pude tener en las localidades en donde se construye “Es importante tratar de trabajar con los materiales y recursos que se tiene cerca” explica Héctor. “Hay gente que hace traer madera desde el Amazonas para hacerse una vivienda con un gasto inmenso de combustible y generando deforestación”. La bioconstrucción necesita pocos materiales industrializados y mucha mano de obra. Por lo tanto, según argumenta, puede generar puestos de trabajo.
Cabe preguntarse, entonces, si esta metodología puede ser una alternativa para acceder a viviendas populares. Los pocos requerimientos tecnológicos, el uso de materiales disponibles en la comunidad y la necesidad de gran cantidad de mano de obra organizada cooperativamente son prácticas muy similares a las formas de organización adoptadas por la economía popular para inventarse su propio trabajo. Bajo una primera mirada, la bioconstrucción parece facilitar una menor dependencia del sector de las grandes empresas privadas que controlan oligopólicamente el mercado del hormigón y el hierro. Insumos básicos para el sistema de construcción convencional. Sin embargo el acceso popular a la tierra y a los fondos para la construcción requiere de políticas activas por parte de los Estados que promuevan la construcción popular de viviendas y, al mismo tiempo, ponga límites a la voracidad de las grandes empresas, siempre dispuestas a inflar los precios de los terrenos y los materiales, con el único objetivo de maximizar ganancias.
Uruguay cuenta con la Ley Nº 18.795 de Vivienda de Interés Social y la Ciudad de Buenos Aires con la Ley 341 de Vivienda Social, hermana melliza de la ley oriental. Hoy en día en nuestro país organizaciones populares que ha construido viviendas de manera cooperativa luchan por la sanción de una Ley Nacional de Vivienda y Hábitat Autogestionado. Seguramente la biocontrucción pueda ser una alternativa que permita una mayor autonomía de la economía popular de las empresas de capital en la construcción de viviendas. Lo que sí es seguro es que sin lucha y organización popular nada es posible.
(*) Columnista de Abramos La Boca / Radio Gráfica
