Días críticos se están viviendo en Córdoba. Tras un acuartelamiento de la policía provincial que derivó en saqueos y hechos de violencia, ayer el gobernador José Manuel De La Sota aceptó los reclamos salariales de los oficiales y el clima social se normalizó en parte. El conflicto de raíz aún persiste.
Kinka Soria, periodista cordobesa del Seminario Iberoamericano de Estudios Manuel Ugarte, se comunicó con Panorama Federal e informó acerca de lo acontecido en la provincia en estos días, sus implicancias políticas, su relación con el tema narcotráfico y cuál fue la reacción por parte de la sociedad.
En primer lugar, comentó que “se llegó a un acuerdo entre el gobierno y los policías que se habían autoacuartelado”. En el mismo “el gobierno accedió a todos los pedidos del cuerpo de policía que tienen que ver fundamentalmente con la cuestión salarial”.
Refiriéndose al inicio del conflicto, recordó que hace un par de días “desde los medios públicos universitarios se dio a conocer un informe de las malas condiciones laborales de los policías” y esto “recrudeció la cuestión llevándola al acuartelamiento”.
En diálogo con Alicia Lado, manifestó que la sociedad vivió estos momentos “de una manera trágica y peligrosa”.
“Toda la madrugada yo me quedé siguiendo las redes sociales y llegaban informes de vecinos, sobre todo de la zona de nueva córdoba, diciendo que se escuchaban disparos, que seguían saqueando”, acotó.
“Desde el gobierno provincial están negando toda posible conexión entre los dos hechos”, reveló Soria haciendo mención a las posibles vinculaciones de estos hechos el tema de los policías cordobeses vinculados al narcotráfico. Sin embargo “creo que son dos cuestiones que están absolutamente ligadas” porque “si esto fuera meramente un reclamo salarial no hubiera llegado a este punto”.
“No cabe pensar que el conflicto haya sido una cuestión económica”, aseveró.
Siguiendo con la posible relación entre ambos hechos vinculados a la policía, Soria expresó que “la investigación sobre la relación de la policía con redes de narcotráfico se está extendiendo al poder judicial y al orden político” y “esto generó en la sociedad mucha desconfianza no sólo con el sistema política sino también con la policía como institución”. A su vez, entendió que “con todos los desmanes, el efecto que se genera es correr el eje de discusión” dejando en segundo plano lo referido a la investigación.
Sobre las pérdidas que se generaron, la cámara de comercio de la provincia hizo un relevamiento y dio cuenta de “1000 comercios saqueados”.
En lo respecta al resarcimiento a los mismo, “De La Sota anunció que el gobierno se va a poner a trabajar para la reconstrucción de las perdidas” aunque “desde la provincia no se anunció ningún tipo de planificación” para ello.
Más allá de las pérdidas de índole económicas, Soria ratificó que “el problema más grande que se dio fue el linchamiento de un chico de 20 años llamado Federico Hernández”. Relató que el joven “tuvo la mala suerte de ir desde su trabajo a la casa de un amigo de Nueva Córdoba en moto. Por ser morocho, los vecinos se le abalanzaron, lo golpearon y le incendiaron la moto”. Añadió que “ese chico está detenido, se le abrió una causa judicial aunque está comprobado que no tuvo nada que ver con los saqueos”.
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