Por Horacio Rovelli *
La apuesta que hace el pueblo argentino es conformar una sociedad donde se generen puestos de trabajo dignos, con derechos laborales y remuneraciones que permitan mantener una familia y que todos tengan acceso a los espacios y medios que dispone el país, que se consagrara en el Art. 14 Bis de la Constitución Nacional y en su Art. 16 cuando afirma “Todos sus habitantes son iguales ante la ley”.
Sabemos lo que es la burguesía local, conocemos como se han enriquecido por el cercenamiento de los derechos de la población, por tener mercados cautivos donde fijan los precios y las condiciones (pensemos en nuestro país en el mercado de la leche y su derivados, en la harina, en el aceite, en la yerba mate, en el azúcar, también en acero, aluminio, cemento, etc.) son dos o tres y a veces una empresa la que tiene el monopolio de ese producto.
En la Argentina de Cambiemos por ejemplo, se fugaron capitales desde el 1 de enero de 2016 al 31 de julio de 2019 por 73.170 millones de dólares (1) ; los niveles de desinversión son alarmante, perforando este año 2019 el piso del 13% del PIB (no alcanza a generar fondos para la amortización de las máquinas y equipos) y el consumo desciende fruto de la desocupación y los bajos salarios. El resultado de las PASO fueron el fiel reflejo de la situación, el 68% (sesenta y ocho por ciento) de los sufragantes votaron contra la política del gobierno de Cambiemos.
Ahora bien, en esa monumental fuga de riqueza del país participaron principalmente los dueños de las grandes empresas locales y los grandes exportadores por ser los más ricos de esta sociedad y tener acceso al mercado de cambio, si bien las ventas internas disminuyeron, los márgenes de ganancia no y ajustaron vía reducir la inversión y en el pago de salarios por menor remuneración y por menos horas trabajadas.
Esa burguesía local se creía capaz de reordenar la economía argentina aún más a su favor, por lo que conspiraron contra el gobierno nacional y popular de los Kirchner y, hasta lograron armar con parte del “kirchnerismo” a la auto denominada “ancha franja del medio”, luego viendo que la propaganda y el apoyo de la embajada de los EEUU al hijo de uno de ellos, pero que no es el padre, hace que quede mucho mejor posicionado en el año 2015, deciden apoyar abiertamente a ese hijo.
Y ese hijo lo único que hizo fue generar negocios para los amigos y para el capital financiero internacional, endeudándose en dólares y a corto plazo (2) para pagar jubilaciones y pensiones, sueldo de la policía y del ejército, obra pública y contratos estatales de todo tipo que son en pesos. El resultado no podía ser otro que el derrape cambiario del 25 de abril de 2018 por la compra en el mercado de cambio local de 1.225 millones de dólares a un precio promedio de $ 20,20, realizado básicamente por las mismas entidades que propiciaban la colocación de títulos de deuda argentinos en el exterior y que fueron socios de Macri (JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC, Deutsche Bank, Merill Lynch, entre otros), el gobierno de Cambiemos colapsado el mecanismo de endeudamiento para financiar el gasto público, se aferra al FMI.
Es en esa situación y en ese momento donde la burguesía que tenemos, encabezado por los Roca de Techint y los Pagani de Arcor, los principales referentes de la UIA (Unión Industrial Argentina), propician un plan de 14 puntos que firmado por el Frente Renovador de Sergio Massa se da a conocer el 4 de julio de 2018. Ese plan, dirigido por Roberto Lavagna, impulsa el crecimiento industrial y la protección del mercado interno pero los salarios medidos en dólares deben ser menor que los de Brasil, que no son las remuneraciones de Alemania, ni de Francia, ni de los EEUU.
La respuesta inmediata del capital financiero internacional que tiene epicentro en Washington, fue unas fotocopias de un cuaderno de un chofer, de nombre Oscar Centeno, que trabajaba en la Secretaría de obras públicas, que como un calco del caso Odebrecht de Brasil, culpaba de pago de comisiones y sobornos a los principales contratistas del Estado, incluido al primo Calcaterra.
Con esas fotocopias los empresarios locales se terminan de dar cuenta que ya no tienen espacio en lo que el capital internacional cree que se debe dedicar la Argentina. Y si lo tienen, como puede ser Vaca Muerta o la producción de granos y su industrialización, también le interesa al extranjero y quieren desplazarlos
El fin del gobierno de Cambiemos se desbarranca en la crítica situación relatada, sin poder controlar las variables económicas interna y externas y con niveles de desocupación y de pobreza que nos asemeja al desenlace del gobierno de Alfonsín o de De la Rua. Deslegitimado y sin apoyo de ningún tipo, la única y crucial diferencia es que el FMI (y detrás los EEUU) por ahora no lo han abandonado.
El hecho auspicioso es que la población argentina en su más amplia mayoría rechaza el modelo de subordinación al capital financiero y al FMI. Y sus dirigentes, que tratan de no asustar a los empresarios y con ello a los grandes medios de comunicación, en una verdadera guerra de “baja intensidad” en que el sufrimiento acarreado por el gobierno de cambiemos hace que se vote al Frente de Todos, por lo que les conviene guardar silencio, si bien permite ganar las elecciones, para gobernar se debe tener un plan donde se reserve al Estado la capacidad de marcar un rumbo y determinar las “reglas de juego” de la sociedad.
El campo y la Junta Nacional de granos
En ese orden, se entienden las declaraciones de Felipe Solá, hombre avezado en el tema agropecuario, cuando destacó que con una Junta Nacional de Granos (JNG), el gobierno “se reserva una cantidad de trigo y se la vende a los molineros, pactando así el precio del pan” que “no puede estar atado ni al tipo de cambio ni al precio internacional del trigo”.
Y no solo tiene razón, sino que debe entenderse que la JNG desde su origen regula la actividad, nació en 1931 para que el Estado fije un precio sostén ante la significativa caída de los precios internacionales del trigo y demás granos corroborado por el Pacto Roca – Rucinman, que fue la manera que tuvo el gobierno de Agustín P Justo para asegurar las ventas a Gran Bretaña y ésta se benefició porque compró a la mitad o menos de su valor la cosecha argentina.
Lo demuestra Raúl Scalabrini Ortiz en su libro “Política Británica en el Río de la Plata” donde tomando la Balanza de Pagos Argentina observa la evolución de las exportaciones de granos:
AÑO | TRIGO
x 100 kg |
LINO
x 100 kg |
MAIZ
x 100 kg |
TONELADAS |
1929 | $ 9,75 | $ 18,27 | $ 8,10 | 14.536.179 |
1930 | $ 8,92 | $ 17,12 | $ 5,66 | 9.061.044 |
1931 | $ 5,69 | $ 10,88 | $ 4,01 | 14.635.517 |
1932 | $ 6,48 | $ 9,30 | $ 4,60 | 13.760.000 |
1933 | $ 5,00 | $ 9,14 | $ 4,25 | 11.440.000 |
Casi la misma cantidad de toneladas de exportaciones pero a la mitad de su valor. En esa situación se crea la JNG que, con recursos públicos pudo comprar cereales y oleaginosas para mantener un precio que redundara en el menor daño a los productores.
El problema hoy
Toda nuestra producción y comercialización agraria fue planificada por las grandes corporaciones de acopiadores y comercializadores de granos, que ellas se llaman así misma ABCD ( ADM, Bunge Cerval, Cargill, Cofco, y Louis Dreyfus), más las semilleras y compañías químicas de fertilizantes y plaguicidas que, en conjunto, son los que fijan los precios de los insumos y de los bienes finales, siendo sobre todo los pequeños y medianos productores esclavos del modelo de sojización (3), trabajan y deben pagar la patente de la semilla y aceptar el precio que le fijan por su producción o trabajo, como es el caso de los que tienen maquinarias agrícolas y deben laborar en campos ajenos para redondear un ingreso.
Hoy el Estado no tiene silos de antepuertos, fueron vendidos y los construidos nuevos, son privados, y están sobre el corredor del Paraná. En la Hidrovía del Paraná que se vino forjando desde el menemismo y el “boom” exportador de la soja y de los granos en general hay 18 puertos, 14 son privados, administrados por Cargill, Bunge Cerval, Cofco, Louis Dreyfuss, AGD, Glencore-oleaginosa Moreno, Aceitera Vincentin, etc., por donde salen del país alimentos para animales y seres humanos por unos U$S 25.000 millones por año, que directa e indirectamente (forrajeras) asisten a más de 450 millones de personas (y en la Argentina de Macri tenemos a julio de 2019, antes de la devaluación, 15.350.000 habitantes bajo la línea de pobreza).
Para demostrar que todo fue planificado hace años, es con el Plan Larkin de la presidencia de Arturo Frondizi que al transporte de carga en lugar de ferrocarril, utiliza el automotor, generando ganancias a las empresas productoras de los vehículos y a las que producen asfalto y cemento para el constante mantenimiento de las rutas, mas las concesionarias encargadas de su administración, todo ello conforma el alto coto argentino cuando tenemos la tierra más fértil del mundo, donde existe más rinde por hectárea en la soja, en maíz, de lo que sea que en cualquier lugar del mundo.
El grado de concentración hace que los intercambios no se realicen entre países, sino entre grandes empresas multinacionales, que tienen representaciones en ambos lados del mostrador (comprador-vendedor). El Estado nacional debería estimular el desarrollo de acopiadores-exportadores de índole cooperativa (caso de la quebrada Federación Argentina de Cooperativas Agrarias), proveyéndoles fondos para la prefinanciación de las exportaciones, para que ésta pudiera pagarles a los pequeños-medianos productores que en muchos casos para defenderse de los grandes compradores conforman cooperativas de acopiadores. El Estado del nuevo gobierno debe intervenir en toda la cadena de comercialización para equilibrar la situación.
Las cinco empresas (ABCD) son las grandes comercializadoras de nuestras ventas externas, por lo que es imprescindible la participación de los pequeños y medianos productores y de sus cooperativas de verdad, en un ente estatal que regule como fue en su momento la JNG. Y se debe anular la falta de plazo para liquidar las exportaciones que beneficia principalmente a esas cinco grandes comercializadoras que pueden retener esas divisas y liquidarlas cuando ellos quieren.
Paralelamente, uno de los mecanismos de fuga de capitales es la sub facturación de exportaciones (y la sobre facturación de importaciones) con más razón debe el Estado fiscalizar lo que realmente ingresa y lo que realmente se exporta con su debido precio. Además que la falta de presencia del Estado permite otros negocios no lícitos como el de la droga y existen ciento de denuncias de ese comercio en la hidrovía del Paraná.
En síntesis, Perón decía que el hombre es bueno pero si se lo controla es mejor, más que nunca en estos casos y debe hacerse con participación directa de los interesados y, el nuevo gobierno debe implementar mecanismos reguladores y controladores en defensa propia y de la población.
(1) En el Balance Cambiario del BCRA se denomina FAE – Formación de Activos Externos de residentes argentinos en el exterior. Obviamente nuestra burguesía se benefició de dichas compras, lo que hasta ahora no se puede saber porque el BCRA se niega a decir quienes compraron amparándose en el secreto bancario
(2) Salvo el “Bono” a 100 años.
(3) La soja es el ejemplo pero pueden producir sorgo, maíz, maní, trigo, lo que sea, el precio del arrendamiento de tierras y equipos está fijado por la soja. Incluso al utilizar los herbicidas que emplea obliga a los campos vecinos a comprar los mismos, de otra forma son invadidos por la plaga.
* Economista, docente de la Universidad de Buenos Aires.