Este jueves 21 de marzo, por medio de las redes sociales, fue convocada en el Palacio de Tribunales de la ciudad de Buenos Aires una concentración de apoyo al Juez Alejo Ramos Padilla, quien instruye una causa por extorsión, asociación ilícita y ha puesto en evidencia desde la semana pasada, cuando declaró en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, una red de espionaje paraestatal con ramificaciones en el Poder Judicial, servicios de inteligencia y periodistas de los medios corporativos.
La concentración que se replicará en la ciudad de Dolores, donde se encuentra el Juzgado a cargo de Ramos Padilla, y en otras localidades de la Argentina, es la respuesta de una multiplicidad de sectores sociales, políticos y judiciales al intento del gobierno nacional de destituir al magistrado, que ya tiene imputado en la causa y detenido con prisión preventiva al agente de la inteligencia estadounidense y ex columnista del diario Clarín y variados programas de la televisión local, Marcelo D’Alessio.
El domingo pasado, Mauricio Macri en una entrevista televisiva al periodista Luis Majul anunció públicamente que el poder ejecutivo iba por el juicio político de Ramos Padilla, quien, según el presidente de la nación, “ya hizo varias”, en referencia a los fallos del juez de Dolores que perjudican los intereses económicos expresados por el gobierno nacional.
Macri no disimula cierto nerviosismo del gobierno, porque la causa judicial que se sustancia en Dolores involucra, por un lado, al fiscal apadrinado por Daniel Angelici, Carlos Stornelli, a cargo de la investigación de las fotocopias de los cuadernos Gloria, de forma lateral al fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, quien fue suspendido por noventa días por la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires después de haber confesado espontáneamente en sede judicial sus vínculos con Marcelo D’Alessio y, por el otro, a su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien admitió haber conocido al servicio de inteligencia.
“Ningún juez puede ser destituido por sus sentencias, porque para eso están los medios recursivos de las dos instancias superiores que determinen si lo que uno resuelve está bien o está mal”, explicó el Juez Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
En diálogo con Lucas Molinari en Punto de Partida, el juez Gallardo fue categórico: “no es porque al poder no le gusta (un fallo) en vez de apelar, tiene que destituir”.
El magistrado porteño recordó todos los antecedentes que ha habido en el último tiempo, al referirse “a la destitución de Luis Arias en La Plata, al amedrentamiento de los camaristas laborales en la ciudad de Buenos Aires, al desplazamiento del Procurador General del Tesoro de la Nación cuando dictaminó sobre el Correo (Argentino), el doctor Carlos Balbín”, y resaltó que “nosotros lo que estamos diciendo es ‘Atención: esto ya adquiere una gravedad institucional, y le pedimos, le exigimos, le solicitamos al Poder Ejecutivo que cese con estas maniobras’ “.
En la tarde del jueves, el juez Ramos Padilla se presentará ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia en el Congreso, cuyas resonancias son decididamente imprevisibles, teniendo en cuenta que en esta red de espionaje que está instruyendo aparece la vinculación de la embajada de Estados Unidos.
En este sentido, Gallardo destacó que “el objeto de la investigación que el magistrado Ramos Padilla lleva adelante es muy preocupante en términos institucionales: tiene que ver con una práctica que se está imponiendo en nuestro continente conocida como ‘guerra jurídica’, que establece el uso de la ley para tergiversar su contenido y para lograr la modificación de los escenarios políticos”, y detalló que “esto ya pasó en Brasil y Ecuador, está pasando en Venezuela, tenemos indicios de que se está propagando por la Región en Ecuador”.
“Y esto tiene que ver con otra cuestión que el juez (Ramos Padilla) también determinó que es la participación de agencias de espionaje extranjeras en territorio argentino”, precisó.
A esta altura, considerando la intervención de sujetos extranjeros en un delito, uno se pregunta si no corresponde la intervención directa en la investigación de la Corte Suprema, que esta semana le concedió a Ramos Padilla una parte de la asistencia que había solicitado: dos contratos por noventa días y un vehículo. Poco o mucho, puede leerse como una señal de apoyo de los supremos al juez de Dolores.
Un signo de la preocupación oficial puede constatarse en un viraje en la cobertura periodística de los medios de comunicación corporativos sobre esta investigación judicial. Después del más absoluto silencio informativo por varias semanas, ahora el diario La Nación, a través del periodista Carlos Pagni, admite la gravedad política para el gobierno de la visibilidad del entramado que tiene a la Casa Rosada involucrada hasta el cuello.
Desde el momento que Macri anticipó que iba por la destitución de Ramos Padilla, las especulaciones y cálculos de los medios de prensa no se detuvieron. Hacían cuentas acerca de si el oficialismo obtendría los votos necesarios en el Consejo de la Magistratura con el objetivo de descabezar al juez de Dolores.
La experiencia histórica demuestra que es posible dar vuelta estas votaciones, cuando predominan las operaciones palaciegas mediante extorsiones, amenazas veladas o evidentes y presiones de todo tipo. Esa experiencia enseña que más que “poroteos”, hace falta la movilización popular, la que viene de abajo, con toda la fuerza cósmica, pues nunca sabemos lo que puede un pueblo antes que aparezca.
No se trata de un problema “moral” como lo entienden algunos liberales bien intencionados. Es un problema político central en un año electoral, cuando el gobierno no tiene nada que ofrecer a la población, sólo queda el estado de excepción para desmantelar y castigar cualquier armado opositor con posibilidades de desplazarlo del poder político.
Algunas “almas bellas” reflexionan acerca de que las clases más empobrecidas por el proyecto oligárquico-liberal “están ocupadas en cómo parar la olla”, de que este asunto de la red de espionaje “no forma parte de la preocupación de las clases populares”, supuestamente “ignorante de las tópicas jurídicas y las contradicciones en la superestructura”.
Tienen la dicotomía “civilización y barbarie” metida en el cuerpo. Pero se equivocan: cuando los sin nombre ni nada comienzan a percibir que la red de espionaje paraestatal, el persistente olor a tigre que emanan los personeros del neocolonialismo, no es más que la continuidad de la política de hambre, miseria y entrega de la soberanía por otros medios.
