Por Ramiro Coelho (*)
El jueves 19 de mayo los productores hortícolas nucleados en la Unión de trabajadores de la Tierra (UTT) concluyeron un nuevo “verdurazo”. Esta vez la protesta tuvo alcance nacional. A lo largo de tres días, los agricultores familiares entregaron treinta mil kilos de verdura al pueblo argentino, con el objetivo de hacer conocer la dura realidad que viven, quienes tienen la importante labor de alimentar a los habitantes de nuestro país. Al finalizar la protesta, entregaron al Congreso de la Nación, un proyecto de ley para acceder a la propiedad de las tierras que cultivan.
Ninguna protesta social genera tanto consenso en la sociedad argentina de hoy, como la de los productores hortícolas. Desde hace más de dos años los trabajadores huerteros nucleados en la UTT vienen realizando estas acciones con un importante impacto, tanto en la sociedad como en los medios corporativos, quienes no han tenido otro remedio que darles un tratamiento positivo, debido a la obscenidad de los datos, que evidencian problemas estructurales de nuestro país.
Quienes producen el sesenta por ciento de la verdura que consume el pueblo ocupan solo el trece por ciento de la tierra cultivable, mientras que el resto queda en manos de grandes terratenientes, dedicados al cultivo de semillas oleaginosas transgénicas para la exportación como la soja, el trigo, e integrados a una cadena de valor que, además de otorgarles una jugosa renta, consolida el poder de empresas transnacionales como Bayer y Dow, al darles en control genético de las semillas y de casi la totalidad del proceso de producción y comercialización.
Pero los problemas no terminan ahí, el creciente control por parte de las cadenas de supermercado de la cadena de valor de los alimentos genera lo que el productor del Gran La Plata Pedro Cuma llamó “un sistema injusto de intermediarios”, que hace que al productor se le page por kilo de verdura cerca de la décima parte del precio que los consumidores pagan en las góndolas.
A los bajos precios de venta se suma la dolarización de los insumos, el aumento de la electricidad y la creciente presión del mercado inmobiliario que buscar lotear las pocas zonas cultivables que van quedando en las periferias de las grandes ciudades, para la construcción de barrios privados, fuente de inversión de la renta obtenida por los grandes productores vinculados a la agro exportación.
Frente a este escenario, los productores nucleados en la UTT han entregado por segunda vez en dos años, un proyecto de ley que promueve el acceso a créditos blandos para la compa de las tierras que cultivan y que mayoritariamente no poseen, esperando que no vuelva a perder estado parlamentario. La solución no parece ser compleja. Créditos blandos promovidos por el Estado.
Sin embargo, ante una política económica de importación irrestricta, de aumento exponencial de los servicios básicos y de aumento sostenido del precio la tierra, no es difícil avizorar lo que ya sucede: encontrar en las góndolas de los supermercados alimentos frescos importados y un aumento de la concentración de la tierra en pocas manos para la vivienda suntuaria o la producción de alimentos transgénicos, poniendo en peligro la soberanía y seguridad alimentaria del país.
Solo un control de precios y el manejo de la tierra por parte del Estado puede dar fin a este círculo vicioso, generado por los mecanismos siniestros del complejo agroindustrial financiero global, enquistado en la economía argentina. Lo que está en juego es la supervivencia de quienes con su trabajo alimentan al pueblo.
(*) Periodista de Radio Gráfica, columnista enAbramos la Boca.
