La Procuración General de la Nación, conducida por el interino Eduardo Casal, dictaminó que el artículo 14 de la Ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires es inconstitucional. De este modo, le dio la mano derecha a Farmacity, empresa fundada por el ahora vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, para desembarcar en territorio bonaerense. Ésto hoy está prohibido por la legislación que no permite la acción de sociedades anónimas, con fines de lucro, en el ámbito de la salud.
El dictamen de la Procuración no es vinculante y el destino de Farmacity en Buenos Aires será definido por la Corte Suprema de Justicia. En ese marco, ya se excusaron los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, por supuestos vínculos con la empresa.
Mediante un comunicado, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires explicaron que «el objetivo de quienes están detrás de los farmashoppings es hacer negocios. Sin importar qué ley se interpone o las consecuencias que pueda acarrear. Si da ganancia, da lo mismo que el negocio sea farmacia, heladería, cafetería o cancha de paddle». Además, alertaron sobre el futuro cierre de farmacias en caso de que la Corte avale el desembarco de Farmacity.
María Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, aseguró a Radio Gráfica que esta situación trasciende a las farmacias porque evidencia «el avasallamiento que se le hace a la Justicia, Legislatura y Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, es grave para la institucionalidad de la Argentina».
En materia de salud, Reinoso alertó que el objetivo es transformar el modelo sanitario bonaerense y «convertirlo en uno de mercado, donde lo único que reina es la ganancia particular de una empresa y no la salud de la gente y el ejercicio profesional responsable». Todo ésto, «para el interés de un funcionario», en referencia a Quintana.
Respecto a futuras acciones, la titular de la COFA advirtió que ya no hay más instancias judiciales para apelar. El camino «arrancó en el 2012, (Farmacity) perdió, perdió, perdió, en el 2017 presentó el último recurso, cuando vio que era propicio, y ya no hay más instancias jurídicas, esto es netamente político. Muchas esperanzas no tenemos. Todos queremos una Justicia mejor y que el Poder Ejecutivo no se entrometa«.
La noticia llegó unos días después de que Quintana anunciara que aún mantiene un 3% de participación accionaria en Farmacity y que se encuentra en plan de vender su parte.
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