Informe de Roger Almaraz, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), para Panorama Federal en Radio Gráfica.
La disputa por la propiedad del territorio en esa localidad del norte santiagueño se inició en el año 2008 entre los empresarios Luis Vechio y Alberto Crocce de la Capital Federal, quienes pretenden extender el modelo agro exportador de la soja transgénica, y las 70 familias representadas por el MOCASE.
«En su momento Luis Vechio era presidente de ´Sánchez de Sur´, un gran frigorífico del grupo SOCMA», recordó Almaraz, una empresa que pertenece a la familia del presidente Mauricio Macri.
«Este frigorífico exporta carne al Uruguay y desde el año 2008 mantiene un conflicto con nuestra comunidad, a la que yo pertenezco en los montes de Santiago del Estero, a más de 200 km bien al norte», expresó Roger Almaraz.
Hace 6 años, el empresario Vechio presentó un Plan productivo que implicaba el desmonte del bosque para la producción de ganado a gran escala para su grupo empresario, pero no fue aprobado porque la comunidad presentó un amparo ante la Justicia.
«Sucede que hace 2 años el señor Vechio volvió a presentar el proyecto a la Dirección de Bosques de la Provincia, y desde ese momento ejerce toda suerte de presiones sobre ese organismo desde su empresa ´Carne para todos´ con el fin de aprobarlo», explicó el dirigente campesino.
«Esas presiones al gobierno de la Provincia se hicieron más fuertes desde hace un año», relató Alamaraz.
El Comité de Emergencia, una institución integrada por organizaciones campesinas y representantes del gobierno santiagueño que interviene cuando existe conflicto de tierras de acuerdo a la ley provincial, emitió un informe luego de relevar nuevamente el conflicto con el empresario Vechio.
«Cada intento del empresario de avanzar con las topadoras ha sido frenado por la comunidad», aseguró Almaraz, y destacó que «incluso la Dirección de Bosques le secuestró una topadora cuando hace un año intentó ingresar ilegalmente al campo para desmontar».
El representante del Movimiento Campesino denunció que «para la Justicia no hay conflicto» de tierras, sin embargo «para el Comité de Emergencia sí lo hay».
«Ahí está la puja. Creemos que mientras el Comité de Emergencia no emita un comunicado por escrito diciendo ´que no hay conflicto´, ese proyecto empresario no se aprobaría» por el gobierno provincial, detalló Alamaraz .
El conflicto parece complicarse porque también interviene «la Fiscalía de Estado de la Dirección de Bosques y se está reviendo la situación», informó el comunicador.
«En la Dirección de Bosques hay un Consejo Consultivo, cuya opinión no es vinculante, integrado por organismos del estado, el Ministerio de la Producción, organizaciones no gubernamentales, como las dos Universidades locales, tanto la Nacional como la privada, los Colegios de Ingeniería, Forestal, Agrónoma, y participa también el INTA», describió Almaraz.
«Las partes serán convocadas para escuchar cada versión y una vez que esto sucede el Comité Consultivo somete el caso a votación», precisó.
Luego del proceso de consultas el Consejo emitirá un dictamen, pero «en caso que la resolución sea contraria a la posición de la comunidad renacerá el conflicto, porque las familias están dispuestas a seguir luchando y resistiendo el avance de las topadoras en su territorio», advirtió el dirigente.
Almarza rememoró que «el movimiento campesino en el año 2010 cortó la Ruta Nacional 34 durante 70 días», y reflexionó que «esto también lo saben los organismos del estado».
«Los grupos organizados en el MOCASE van a seguir dando batalla», vaticinó.
«Esperamos que los organismos gubernamentales y no gubernamentales apliquen el sentido común y no aprueben ell proyecto. Es la expectativa de la comunidad», subrayó.
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