Elizabeth Gómez Alcorta, abogada representante de Milagro Sala, fue consultada sobre la causa en Punto de Partida al cumplirse un año y un mes de la detención de la dirigente de la Organización Barrial Tupac Amaru.
En primer lugar detalló que a corto plazo se espera «un escenario muy nutrido. Hay muchas causas en su contra y todas avanzan con una rapidez inusitada. Por ejemplo, la causa por Extorsión, Asociación Ilícita y Fraude a la Administración Pública, se inició en enero de 2016 y recibió la elevación a juicio en diciembre, en menos de un año. Las defensas de los diversos imputados, que son muchos, nos opusimos a esa elevación en enero de este año y un mes y medio después el juez Gastón Mercau rechazó todas esas oposiciones. Solamente leerlas debería incurrirle bastante tiempo. Pareciera que hay una dedicación exclusiva».
Posteriormente aclaró sobre una posible intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que «va a venir a la Argentina porque está en su agenda de reuniones. Pero precisamente para evitar presiones cuando se encuentra en un país dado no atiende casos del mismo, por lo tanto una presentación por el caso de Milagro Sala la tendríamos que hacer en la reunión que se va a llevar a cabo en Lima».
Finalmente Gómez Alcorta se refirió al papel que puede llegar a jugar la Corte Suprema de Justicia de la Nación al explicar que los defensores de Milagro Sala «presentamos un recurso contra la prisión preventiva por entender que no corresponde en esta situación y otro por estar detenida teniendo fueros parlamentarios. Lo expusimos todas las veces que fue necesario antes las instancias provinciales, y por fin llegamos a la Corte Suprema».
«A partir de eso el gobierno está usando una estrategia consistente en decir que la decisión está en manos de la Corte, que puede tomar varias decisiones», completó Gómez Alcorta. «Una posibilidad es que declare que no hay mérito para que le toque intervenir, sin dar mayores explicaciones. Es increíble en un estado de derecho, pero tiene esa facultad. Otra posibilidad es que intervenga y determine que está bien o mal detenida, por cualquiera de los dos motivos que expusimos. El problema es que la Corte no tiene plazos para tomar una decisión, lo puede hacer en diez días o en un año».
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