Por Ramiro Coelho *
Las mil trescientas cesantías en la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación ya están causando impacto en la Agricultura familiar. Faltan formularios para inscribirse en el monotributo social agropecuario y los tres programas de promoción de este sector se encuentran virtualmente paralizados. En diálogo telefónico con Abramos la Boca, Rosalía Pelegrini Holzman, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), nos cuenta la situación que están viviendo los productores familiares en estos momentos.
“El cinturón hortícola del área Metropolitana de Buenos Aires provee alimentos a todos el país. Es una de las regiones de producción frutas y verduras más grandes de Latinoamérica y está compuesto mayoritariamente por agricultores familiares” explica Rosalía. A diferencia de la producción de soja trigo y maíz, la producción fruti hortícola es realizada por familias campesinas que, en mucho casos, ni siguiera son dueños de la tierra que trabajan. Históricamente este sector de la producción agrícola ha vivido en un alto nivel de precariedad. El aumento del costo de arriendo de las tierras metropolitanas debido al avance del negocio inmobiliario, la falta de acceso de las familias campesinas a derechos laborales como obra social y aportes jubilatorios y los bajos precios que las empresas comercializadoras les pagan por sus productos los ha ubicado durante muchos años en una situación de alta vulnerabilidad social y económica.
Durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirtchner este sector comenzó a ser sujeto de políticas tendientes a su inclusión. La vieja Subsecretaría de Agricultura familiar alcanzó el estatuto de Secretaría y, desde ella, se desarrollaron programas tendientes al acceso de los productores a la regularización de su situación dominial, se creó monotributo social agropecuario grtuito, se desarrollaron planes de capacitación en agricultura agroecológica y se desarrollaron acciones tendientes al fortalecimiento de las cadenas de valor y a la creación de redes de comercialización regional. “Nosotros, luego de muchos años de lucha y de elaborar propuestas logramos tener cierto nivel de coordinación con la Secretaría durante la gestión anterior”, explica Rosalía. “Este diálogo nos permitió acceder al monotributo social agropecuario para acceder al obra social, a jubilación gratuita y a programas de regularización, comercialización y transición hacia la agroecología”.
Estas políticas de promoción del sector han resultado estratégicas tanto para las familias productoras, como para quienes consumimos alimentos frescos en la Argentina, ya que han posibilitado un mejoramiento de las condiciones de vida de campesinos y campesinas y abren la posibilidad de producir alimentos sin fertilizantes y pesticidas, liberando a los productores y productoras del aumento de costos que genera la compra de estos insumos, siempre atados al precio del dolar.
Hasta hace pocos días todavía figuraban en la página web del ministerio el organigrama de la gestión y poco sucedía, salvo el despido de trabajadores. Con el nombramiento del nuevo Director Oscar Allorati, el gobierno comenzó los cambios, creando tres nuevas direcciones: La dirección nacional de Fortalecimiento y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar, a cargo de Miguel Sánchez; la dirección de Identificación y Formalización de los Agricultores Familiares, encabezada por Matías Berger; y la Dirección de Programas y Proyectos para la AF, que conducirá Ricardo Roodschild. Sin embargo, según clara Rosalía, más a allá de los nombramientos, “todo está parado y no hay líneas claras de trabajo”. “Sin embargo”, sostiene, “seguimos la transición hacia la agroecología, seguimos produciendo, seguimos comercializando”.
Pero a pesar de la voluntad de los agricultores y agricultras familiares de seguir produciendo alimentos, la situación no es la misma. “Nosotros después de la devaluación del Gobierno de Mauricio Macri estamos en una situación de emergencia económica del sector” sostiene la dirigente campesina. Los insumos aumentan con el precio del dólar, pero los productores venden el Kilo de lechuga por monedas, mientras que el trabajador debe pagar por ella cuarenta pesos el kilo en la góndola de un supermercado. “Este estado se junta con los grandes sojeros, los grandes tamberos y reparte el ministerio entre las organizaciones de la Mesa de Enlace, mientras que a los campesinos les queda una secretaría de Agricultura Familiar totalmente desarticulada. Según la UTT desde hace semanas no se reparten planillas para acceder al monotributo social y no se sabe cómo va a continuar los programas de promoción, debido a que no se les paga los sueldos a los técnicos que trabajan en los territorios, ni les entrega el dinero para el combustible.”
El 31 de los agricultores realizarán un paro de actividades para reclamar políticas activas de promoción de este sector de la economía popular, fundamental para la soberanía alimentaria de la Argentina.
(*) Columnista de Abramos La Boca / Radio Gráfica
