Patricia Fernandez, Directora del Área de Seguimiento Estratégico de la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, conversó con Abramos la Boca. Explicó que la ley de microcréditos, marca colectiva y monotributo social institucionalizan a los trabajadores de la EPSS en relación con el Estado. Asimismo reconoció que, a pesar de lo mucho que se ha hecho “aún falta”.
“A partir del 2003, con la asunción de Néstor, y los dos gobiernos de Cristina, se inició un nuevo modelo productivo en el que la promoción de la economía social es uno de los ejes. En el 2005 se promulgó la ley 26117 de Promoción Nacional del Microcrédito, creándose la Comisión Nacional de Microcrédito, que reconoce a las organizaciones de la EPSS como sujetos de microcrédito”.
LA CONAMI no entrega microcréditos a individuos, sino a organizaciones sociales que los administran . A través la gestión solidaria en bancos populares, se busca generar organización comunitaria a través del desarrollo de actividades productivas con un creciente nivel de asociatividad.
Los microcréditos se orientan a la compra de insumos, maquinarias y herramientas y comercialización. Su entrega es acompañada por otros programas: la ley de marca colectiva y el monotributo social. Con estas leyes se busca aportar recursos para acceder la comercialización en mejores condiciones, institucionalizar al sector y restituir parte de los derechos como trabajadores, como el acceso a una jubilación y una obra social.
“El microcrédito debería ser un servicio público” sostiene Ferdandez “pero aún no llega a serlo”. “Luego de haberla puesto en práctica, la ley, además de sus aciertos, mostró algunas deficiencias que nos marcan en qué hay que avanzar”.
Explicó que “por cuestiones de desconocimiento” dejaron afuera las empresas recuperadas. “Hoy desde la CONAMI se está Buscado hacer modificaciones en el texto de la ley para que no pierda su espíritu y pueda incluir a todos las organizaciones de la economía social, solidaria y popular”.
Una posible solución integral sería una ley federal de la economía social que abarque a todos los sectores de la EPSS, más allá de las organizaciones cooperativas.
Actualmente la federación que aglutina a las organizaciones de microcrédito (FAMESA), propone organizar un congreso para crear una propuesta de ley nacional y modificación de la lay de microcréditos de acuerdo a la experiencia acumulada.
“Falta que tengan poder real” agregó Fernández. “Esto se construye desde la organizaciones y desde el Estado, generando autonomía y respetando la autonomía de las organizaciones de la EPSS, para que no haya un uso mutuo. Ni desde el estado para manipular las organizaciones, ni desde la organizaciones al Estado. Una Ley crearía el marco de dicha autonomía, que incluya al sector como sujetos de derechos como trabajadores».
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