El 13 de febrero, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el anteproyecto de reforma del Código Penal que redactó la comisión integrada por especialistas en la materia.
Encabezado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni, el equipo está conformado por el diputado Federico Pinedo (PRO), el ex ministro de Justicia y Seguridad Bonaerense León Arslanian y los ex diputados Ricardo Gil Lavedra (UCR) y María Elena Barbagelata (FAP).
Uno de los integrantes de ese grupo, Ricardo Gil Lavedra, detalló en Punto de Partida los principales ejes del escrito y los debates alrededor del mismo.
«Se trata de darle coherencia a un Código Penal que ha recibido una enorme cantidad de modificaciones en los últimos años. También armonizar las escalas, algunas bajan, otras suben. Se introducen nuevas figuras», introdujo.
En diálogo con Lucas Molinari y Úrsula Asta, aclaró que el anteproyecto será evaluado y posiblemente modificado por el poder ejecutivo y el Congreso Nacional.
En relación a los alcances de las legislaciones y sus aplicaciones en cada distrito, el ex legislador radical especificó que «la legislación penal es común a toda la república, que forma parte del derecho común que sanciona el Congreso de la Nación para todo el país». En cambio, «las provincias se reservan las normas procesales, las reglas de procedimiento para aplicar esta ley penal».
Un reciente relevamiento realizado por la Procaduría contra la Violencia Institucional reflejó que 6 de cada 10 presos en cárceles federales están procesados sin condena alguna. Respecto a esta irregularidad, Gil Lavedra explicó que el anteproyecto plantea normalizar esta situación. «Lo que se debe hacer es llegar rápidamente a la sentencia, que ponga pena o absuelva», expresó.
«Hay que restringir o limitar la privación de libertad durante el proceso. Mientras ese individuo está detenido esperando su sentencia, es técnicamente inocente», ratificó.
Por último, repudió los dichos del diputado Sergio Massa en contra de los fundamentos del anteproyecto. «Aparecen oportunismos demagógicos que pretenden dar alarma a la sociedad. Aprovecharse del miedo de la gente para tener algún rédito político. En ese contexto no hay discusión seria posible», concluyó.
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