El 10 de noviembre comienza el juicio contra los delegados de A.G.R (Artes Gráficas Rioplatense), propiedad de Grupo Clarín, que imprime la Revista Viva entre otros productos. Todo comenzó en agosto de 2004 cuando la totalidad de los trabajadores hicieron un paro en exigencia del pago atrasado de horas extras y mejoras en las condiciones de trabajo. La empresa respondió con 119 telegramas de despido, y tras la conciliación obligatoria, 48 de laburantes no fueron reincorporados, incluidos todos los integrantes de la Comisión Interna.
La decisión de judicializar este conflicto por parte del Grupo Clarín tenía un claro objetivo: impedir el activismo gremial en sus talleres gráficos. Fue así como buscaron quebrar la voluntad de los 10 delegados que habían liderado el paro. Seis de ellos aceptaron la indemnización, pensando que solos se salvaban, pero están también acusados en el juicio que en pocos días comienza. Los otros 4 gremialistas, siguieron la lucha y sus compañeros en el 2006 volvieron a elegirlos como representantes. Pero la empresa les tiene prohibida la entrada. Es decir siguen siendo trabajadores de A.G.R, pero no pueden entrar a trabajar porque la patronal, luego del conflicto, creo un vericueto legal, para evitar su ingreso. Así es como en uno de los talleres más grandes del país, la empresa prohíbe desde 2004 el funcionamiento de la comisión interna.
Este 10 de noviembre el Grupo Multimediático no sólo va por el despido de los persistentes delegados, y su posible prisión, sino que van por todo. Si Clarín gana, el derecho a huelga estará en peligro. El derecho a la propiedad privada pisoteará el convenio colectivo de trabajo conseguido con el sudor y la sangre obrera, que hace ya 10 años no es respetado en A.G.R.
El Sindicato Federación Gráfica Bonaerese junto a la Comisión Interna de Delegados de A.G.R organizarán el martes 4 de noviembre a las 14 horas un acto frente a los Talleres Gráficos ubicados en Corrales al 1300, a una cuadra de Perito Moreno y Centenera en el barrio de Pompeya. Organizaciones sociales y políticas se van sumando a esta convocatoria, así como muchos y muchas corren la voz sobre este conflicto, ejerciéndo así el derecho a la comunicación y quebrando el cerco informativo. que impone el Gran Silenciador.
