En conferencia de prensa los dirigentes del Partido Miles por Tierra, Techo y Trabajo, respaldaron a Fernando Esteche, secretario de acción política y referente del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho. Fue luego de que a partir de una entrevista radial donde Esteche opinó sobre qué escenario podría darse en la Argentina si la ex-presidenta quedara presa, una gran campaña mediática alzó una frase del dirigente.
Luego se escucharon exabruptos como el del diputado nacional de Cambiemos, Eduardo Amadeo, quien afirmó: «Ojalá lo metan preso a Esteche así no lo escuchemos mas». Cabe destacar que Fernando Esteche tiene libertad condicional por una causa abierta tras un repudio de Quebracho al gobernador neuquino Sobich por el asesinado del trabajador de la educación Fuentealba. En un fallo donde lo condenaron sin que haya estado presente en el escrache frente a aquel local partidario del centro porteño.
A los dichos de Amadeo se sumó la ministra de seguridad Patricia Bulrich que hizo un pedido de revocatoria de la liberad condicional y declaró que Esteche es «una persona con actitud violenta e intimidatoria».
Gabriel Mariotto, acompañado de Amado Boudou, Luis D’Elia, entre otros dirigentes, leyó el comunicado del partido: “Las denuncias ante lo que fueron simples declaraciones y apreciaciones políticas dejan al descubierto la doble vara del poder judicial de nuestro país. Como así también la vulneración de los derechos políticos propios de los tiempos democráticos. Expresamos nuestra máxima preocupación ante el pedido del Ministerio de Seguridad de revocarle la libertad condicional y llevarlo a prisión nuevamente tal como nuestra compañera Milagro Sala quien enfrenta una detención ilegal e ilegítima”.
Luego Mariotto planteó: “El presidente de UNASUR, Ernesto Samper hace tiempo viene subrayando que en toda América Latina existen estos poderes fácticos que no van a elecciones cada dos años o cada cuatro, y que en una operación conjunta, cierto sector del poder judicial busca detener a los compañeros y horadar la credibilidad de los proyectos nacional-populares”. Y afirmó: “La judicialización de la política trae consigo la politización de la justicia y eso pone intranquilidad en el derecho a la libertad de expresión y sobre todo cuando en ningún momento hubo amenazas del tono que quienes han interpretado en letras de molde los dichos de nuestro secretario de acción política”.
Por su parte Marcelo Parrilli expresó: «Esta es una operación político, mediática con un correlato judicial. Pero aún analizando las imputaciones que se han realizado acerca del supuesto delito de intimidación pública. Está claramente expuesto que ninguna de esas expresiones puede encuadrarse en la figura del artículo 211 del código penal. Lo grave es que el fiscal Romero hace la denuncia, quien como sabemos tiene una larga trayectoria en la persecusión, represión de movimientos sociales y organizaciones políticas. Y lamentablemente también la Ministra de Seguridad Patricia Bulrich que tendría que tener la capacidad, la idoneidad para advertir que esto no es ningún delito también ha salido a sostener una denuncia. Nosotros confiamos más allá de las presiones que sabemos que existen en estos casos, que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, en este caso el Dr. Sergio Torres, van a desestimar esto».
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