El miércoles el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció el acuerdo de precios de medicamentos que llevará sus importes a los valores que tenían previos al aumento que tuvo el sector.
Jorge Rachid, especialista en Salud Pública, fue entrevistado por Lucas Molinari en Punto de Partida y expresó su descontento con la medida ya que, «en primer lugar, los laboratorios quieren hacerse los solidarios retrotrayendo los precios de 600 productos al 15 de diciembre y 19 mil al 15 de enero, o sea nada. En segundo lugar, no se usó la producción pública de medicamentos como empresa testigo de precios. Le venimos requiriendo al Estado Nacional que tome la estructura de costo de medicamentos ya que en el laboratorio que tenemos en conjunto con las Fuerzas Armadas, en algunos casos llega a ser un 80% menor que lo que se vende en farmacias».
Para graficar la situacion, Rachid contó que «por ejemplo, el medicamento ALOPRIM que toman los hipertensos y es de uso habitual, el laboratorio Roemmer lo tiene a casi $45 cuando, en realidad, los 10 comprimidos con costos directos e indirectos, sale $0.55».
En este sentido señaló que «el gasto en medicamentos es el 32% del presupuesto de Salud cuando, en otros países es del 15 o 16%. Esta situación se da por una falta de política a nivel nacional y los sectores privados, que son los primeros en criticar, forman parte de la Asociación Empresaria Argentina donde están todos los grupos que en los últimos meses conspiraron contra el Gobierno».
«Este grupo de empresarios, con Bagó a la cabeza, se llevaron los créditos del bicentenario a tasas diferenciales. Esta medida no responde a la matriz general de nuestro Gobierno que ha hecho cosas tan buenas en otras áreas para desestructurar la matriz del neoliberalismo mientras que en ésta seguimos atados. También es cierto que hay que juntar masa crítica y que la industria farmacéutica volteó gobiernos», explicó.
Rachid resaltó que existe «la Ley 26.688 que fue impulsada por la Presidenta hace dos años, no está reglamentada y no tiene ninguna cautelar encima, o sea que los laboratorios hacen lobby para que no se ponga en marcha esa reglamentación. Una ley que propone la accesibilidad de medicamentos en los hospitales públicos hoy está parada hace dos años».
«Esa Ley nos da soberanía política en materia de salud. Hemos luchado 30 años por ella y esperamos recuperar el rol del Estado en el ámbito de la producción pública de medicamentos. Llamar a los laboratorios para armar un acuerdo es como predicar el Evangelio en un prostíbulo», concluyó.
CP/GF/RG
