No conforme con los brutales tarifazos a usuarios domiciliarios, comercios y talleres, y los numerosos despidos, el gobierno nacional asociado a las empresas distribuidoras de gas avanzan en una normativa para restringir el trabajo de los gasistas matriculados. Los trabajadores se movilizaron este miércoles en todo el país para denunciar esta medida que afectaría a 45.200 instaladores y un universo de 200.000 personas que obtienen su ingreso con esta actividad. Fabián Petracca, secretario de la Asociación de Instaladores de Gas de la República Argentina comentó al aire de Radio Gráfica cuál es la situación y las intenciones del ENARGAS y las empresas del sector.
«Los instaladores matriculados estamos en pie de guerra porque ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) a través del ente regulador y las distribuidoras sacaron un cúmulo de normativas, entre ellas la 225, que nos afecta directamente. No reconoce nuestros derechos adquiridos como trabajadores independientes. Para apoderarse de este sector del mercado vienen a regular nuestra matrícula» destacó Petracca. «Podés llamar a 40 gasistas y pedir presupuestos, es un mercado liberado y produce una cantidad de dinero importante. Esto es para despejar nuestro trabajo y quedase con el servicio para sus empresas».
Los trabajadores se movilizaron a MetroGas que es la distribuidora que corresponde a la región metropolitana. También se convocaron los trabajadores de Córdoba, Mendoza, Comodoro Rivadavia, Tucumán, San Juan, Santa Fe, Salta y otras zonas en las empresas de Gas. MetroGas, LitoralGas, Natugy, EcoGas y otras son monopólicas en sus regiones. Estas medidas de fuerza seguirán adelante el 17 de julio cuando confluirán con todas las asociaciones en una movilización al Enargas en rechazo a la normativa.
El referente señaló que «nos enteramos hace pocos días de esto pero la vienen elaborando desde que asumió el gobierno. Nosotros estamos organizados en Asociaciones y no fuimos convocados. A las empresas sí, y suscribieron esta decisión. A nosotros el estado nacional nos da una matrícula que nos habilita a trabajar, nos presentamos ante las distribuidoras y nos habilitan. Ahora resulta que las empresas van a decidir quién entra y quién no, es un despido encubierto, sin indemnización, sin regulación, sin nada«. Esta decisión va en consonancia con dos políticas complementarias que impulsa el macrismo: la flexibilización laboral y la transferencia de recursos a las empresas de energía.
Con esta determinación, «los usuarios van a quedar prisioneros de las distribuidoras« destacó el gasista. «Hoy puede parecer un beneficio porque se paga con la boleta o se paga en cuotas, pero a la larga es quedar preso del precio y del servicio que brinde la empresa. Son monopolios: si no te gusta el servicio, no tenés alternativas, lo mismo quieren hacer con nosotros«.
Finalmente, el hombre de la AIGASRA comentó que en estas concentraciones se les presentaron petitorios a las empresas del área metropolitana para que manifiesten qué medidas van a tomar, «personalmente nos dijeron que no hicieron la norma pero en el papel dice que la suscribieron. Necesitamos saber cuál es su posición».
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