Sin ningún voto de la oposición, se aprobó esta tarde en la Legislatura porteña la polémica modificación al Código Procesal Penal; que entre otras cosas permitirá a la policía de la Ciudad detener a cualquier ciudadano que incurra en una contravención.
Santiago Roberto, abogado y legislador de la ciudad de Buenos Aires por el Bloque Peronista, dialogó en Radio Gráfica. En comunicación con Mauro Cavallín, el legislador señaló que «fue aprobado la modificación del código con votos del oficialismo y ningún diputado opositor acompañó la iniciativa del poder ejecutivo».
En ese sentido, el legislador dio cuenta de las protestas del bloque opositor: «la poca difusión que hubo en la comisión de Justicia sobre una ley tan fundamental, tan especial como la que estábamos discutiendo» ya que «en la comisión habían participado asociaciones, especialístas en el tema , representantes del poder judicial, del Ministerio Público de la Ciudad, el defensor general de la Ciudad, y la verdad que no hubo especialista que haya hablado bien de las modificaciones»
Consultado sobre la posibilidad de acceso remoto a dispositivos celulares, Santiago sostuvo: «como puede ser que hasta último momento, hubo cambios que no fueron discutidos por los legisladores en la comisión» y agregó «ese articulo lo sacaron a último momento»
No obstante «dejaron los articulos que permiten las escuchas telefónicas hasta 180 días» siendo «noventas días a pedido del fiscal más 90 días que puede pedir el juez».
«Lo que nosotros planteamos es que es un retroceso grande, especialmente, para que tome conciencia la gente, los delitos que versan en la jurisdicción de la Ciudad, son principalmente delitos menores, la mayoría son contravenciones. Acá no hay grandes casos de drogas o de homicidios» sostuvo Roberto.
Por último, el referente del Bloque Peronísta expresó: «Este código que fue aprobado por el oficialismo establezca el agente encubierto o medidas especiales de investigación tienen más que ver con películas de ciencia ficción y no con la realidad de los delitos que investiga el poder judicial de la ciudad».
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