Tras la masiva restricción de trabajadores y trabajadoras en el espacio público, la investigadora del equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Victoria Darraidou, dialogó con Radio Gráfica sobre el debate por los códigos contravencionales en la Legislatura porteña, los cuales regulan las faltas que están fuera de los delitos penales.
En comunicación telefónica con Carla Pelliza, Darraidou advirtió que el “uso del espacio público (será) más restrictivo y con más permiso para la intervención represiva por parte del Estado”. Cabe destacar que frente a la precarización, los ajustes y las crisis económicas extremas, el trabajo informal en la calle es la única opción para muchas personas, a quienes se busca reprimir sin aviso previo. Así, se permiten denuncias anónimas de ruidos molestos, por ejemplo, y se “ponen en jaque las actividades culturales” e incluso las políticas, como comentó Victoria.
“El fundamento de toda esta reforma del código contravencional es justamente pensar en el supuesto de la protección a las mujeres”, resaltó Darraidou. También, remarcó que este “se vuelve como un pretexto, para generar un código masculinista”.
Con respecto al reciente suceso de “la semana pasada, en el contexto del conflicto de las universidades públicas nacionales”, en el que la policía sometió a una contravención a una profesora que estaba compartiendo una clase en el espacio público, la investigadora relató que se trata de “limitar la posibilidad de manifestarse a la sociedad civil”. Por otro lado, comentó que “ayer hubo reunión de la comisión conjunta de adjuntos constitucionales de justicia, que también recibieron a autoridades del poder judicial”. Indicó que “por el momento, no habría un acuerdo” y que “todavía hay más para debatir en las reuniones de comisión”.
En base a las intervenciones de la sociedad, Darraidou expresó que hay “muchas organizaciones sociales interviniendo” y que “ahora, también, distintos representantes del poder judicial se están acercando a la Legislatura para expresar su opinión sobre esta propuesta de reforma”. “Espero que no hagan oídos sordos a lo que hasta el momento vinieron reclamando distintos organismos de artistas, de trabajadores de la economía popular, de derechos humanos”, reclamó la representante del CELS en Desde el Barrio.
En cuanto al gran aumento de castigos penales, Darraidou destacó que “vemos un crecimiento enorme de la población carcelaria de nuestro país, sobre todo en los últimos 10, 15 años”, pero sin frenar con los delitos y la violencia. “Esto es un movimiento que se suele hacer ante un conflicto de crisis económica: aumentar la intervención represiva y restrictiva del espacio público, el tono y las capacidades de intervención de las fuerzas policiales”, subrayó Victoria. A su vez, señaló que “los modelos y la propia historia de Argentina nos muestran que esto lejos está de solucionar los problemas vinculados a la conflictiva social”.
“La semana pasada hubo un asesinato por parte del personal de prefectura a un joven, en el barrio de Barracas”, mencionó Darraidou. Una de las mayores preocupaciones es que el poder ejecutivo nacional avala “todos estos tipos de accionares sin someterlos a una revisión”, como demandó Victoria Darraidou.
“Casos de violencia institucional, de abuso en el uso de las fuerzas por parte del personal policial y falta de respuesta por parte de los poderes ejecutivos en los controles de ese tipo de intervención”, para finalizar, resumió a investigadora del equipo de políticas de seguridad y violencia institucional del CELS.
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