Durante enero se desarrolló la Primera Encuesta Nacional de Inquilinos con el objetivo de recabar datos del sector y elevarlos a diputados nacionales para impulsar la continuidad del debate de una ley de Inquilinos en todo el país. La encuesta fue respondida por 19 mil personas en todo el territorio argentino y reveló datos preocupantes: El 40% del salario es destinado a pagar el alquiler, más del 70% de los inquilinos considera que no podrá acceder al hogar propio y el 25% manifestó haber tenido inconvenientes para conseguir vivienda por el sólo hecho de tener hijos.
El sondeo estuvo a cargo de la Federación de Inquilinos Nacional y reflejó cómo el alquiler es una modalidad de acceso a la vivienda en crecimiento. Según la encuesta, el 17% de los hogares accede al hogar de esta manera y en las grandes ciudades, la proporción asciende a casi el 40%. Este porcentaje creció del 11% en 2001 al 17% el año pasado.
Gervasio Muñoz, titular de la Federación, resaltó tres puntos fundamentales del estudio: en primer lugar, la relación de ingresos, ya que el 41% del salario se destina al pago del alquiler, sin contar expensas o impuestos, esto quiere decir que el inquilino trabaja medio mes sólo para pagar la vivienda. En segundo lugar, las expectativas de tener una vivienda propia. Si bien un 64% de los inquilinos averiguó por un crédito hipotecario, el 77% considera que nunca podrá acceder al hogar propio.
Finalmente, otro de los datos alarmantes que destacó Muñoz en Radio Gráfica tiene que ver con la posibilidad de acceder al alquiler si se tienen hijos. La encuesta reveló que el 25% de quienes conviven con niños ha tenido alguna dificultad para alquilar. Ésto impacta más fuertemente sobre las mujeres, entre quienes el porcentaje asciende al 28%.
Por último, los inquilinos que respondieron la encuesta manifestaron sentir la ausencia de políticas específicas y falta de control sobre las inmobiliarias por parte del Estado.
En noviembre de 2016, la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley que establecía la extensión a tres años en el plazo de contratos de alquiler y que los aumentos no puedan ser superiores a la inflación arrojada por el INDEC. Ese proyecto quedó dormido en diputados hasta que, en noviembre de 2017, se modificó lo aprobado por el Senado, lo que demora la sanción de la ley. Con las modificaciones se mantiene el contrato de alquiler de dos años y la actualización debe realizarse en base a la inflación oficial. Además, en caso de destino habitacional, al inquilino no se le podrá pedir un depósito mayor a un mes; y cuando se realice la renovación de contrato «las comisiones u honorarios no podrán superar el valor de medio mes de alquiler». Por otra parte, las reparaciones de la vivienda ya no estarán a cargo del propietario sino a cargo del inquilino, mientras que los impuestos que gravan la propiedad seguirán a cargo del propietario, entre otros puntos.
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