Todo ocurrió en el mismo período de tiempo: en una sala destinada a velatorios de la localidad bonaerense de 25 de Mayo familiares y amigos de Santiago Maldonado despedían los restos del joven, un pibe mapuche fallecía en un hospital patagónico tras haber sido acribillado a balazos. El asesinado es Rafael Nahuel, de 22 años. Hay dos heridos. Según denuncian organizaciones sociales de la región, el GEOP y Albatros de las fuerzas federales reprimieron a sangre y fuego a la comunidad de la lof Lafken Winkul Mapu, en Lago Mascardi, cerca de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Se trata de sangrientos coletazos del desalojo que se realizó el jueves último. La muerte del joven fue confirmada por el director del hospital Ramón Carrillo, Leonardo Gil.
El jueves debía reunirse una mesa de diálogo para intentar resolver el conflicto en Relmu Lafken. Según las comunidades, «a traición, y boicoteando toda posibilidad de diálogo«, las fuerzas federales entraron a la comunidad a balazos y con orden del juez Villanueva. La noticia sacudió la ciudad. Centenares de personas se congregaron frente a las oficinas de Parques Nacionales, bajo cuya órbita se encuentra el predio que la comunidad reivindica como ancestral.
También hubo manifestaciones en la catedral local, donde la policía tejió un fuerte operativo. En la periferia de la ciudad, los operativos de las fuerzas de seguridad se intensificaron. Varios agentes cortaron la ruta 40 y dejaron incomunicados los accesos desde Bariloche hasta la zona del Parque Nahuel Huapi, donde ocurrió la represión. Los automovilistas que pasaban por allí eran requisados.
Hace dos días, la Prefectura y el GEOF de la Policía Federal habían actuado con violencia durante el operativo de desalojo, en el que detuvieron y precintaron a mujeres y niños que habían ocupado ese predio. En medio de la represión, que incluyó disparos de balas de goma, una decena de los mapuches, en su mayoría hombres, huyó hacia el monte cercano. Desde entonces no se supo nada de ellos, hasta que hoy arremetieron gendarmes y policías. El caso está en manos del juez federal Gustavo Villanueva, quien el jueves pasado dio la orden de desalojo luego de varias intimidaciones. Ese día se intentó poner fin a la toma iniciada el 14 de septiembre pasado, fecha en que la comunidad ingresó a ese predio.
El operativo de hace dos días pasado había tenido una inusitada intensidad. La decena de camionetas de las fuerzas de seguridad apostadas en la zona aledaña al territorio cortaron durante varias horas la ruta 40 y había dejado prácticamente aisladas a las ciudades de Bariloche y El Bolsón. Hasta un helicóptero sobrevoló la zona.
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