Alfredo Guevara, abogado de Nélida Rojas (dirigente de la agrupación Tupac Amaru de Mendoza), dialogó en Abramos la Boca tras anunciarse la prisión domiciliaria de la referente provincial tras permanecer detenida setenta días en una cárcelo común.
Guevara explicó que «lo que conseguimos es la prisión domiciliaria fundada en el deterioro de la salud de Nélida, que tiene 62 años, tres operaciones de columna, y es jubilada por discapacidad. Siempre consideramos que esta detención era arbitraria no solo porque se la acusa de hechos que no constituyen delitos, si no que además no correspondía por la situación de su salud. Por eso lo que estamos buscando es que se anule este procedimiento, se sancione a los responsables de haber reintroducido la persecusión política en la provincia de Mendoza y se repare en la medida de lo posible los daños ocasionados, no solo los físicos, sino también el daño moral más grave que es acusar a una persona de un delito inexistente, desacreditar su labor de años y desestructurar una organización que tanto trabajo a costado conseguir».
Posteriormente el entrevistado detalló que la causa se originó cuando «Jorge Lanata difundió denuncias de afiliados de la Túpac Amaru que afirman haber sido obligados a pagar un aporte de treinta pesos por mes. Es una práctica típica de cualquier organización social, igual a pagar la cuota mensual para pertenecer a un club social y deportivo. Lo que explicamos permanentemente es que hay un sector de la sociedad que considera cualquier cosa vinculada a la Túpac Amaru como ilegal sin reflexión alguna. Sobre la base de estos prejuicios se naturaliza que es delito conformar una agrupación donde la regla es asistir a una manifestación o a una asamblea, y que la sanción por no cumplir esas obligaciones sea quedar afuera de la organización. Pensando así nos retrotraemos a la época pre-democrática, y además se desvirtúa el derecho de asociación».
Finalmente Guevara anticipó que los abogados defensores «vamos a seguir insistiendo en que se anulen todas las imputaciones y se declare la nulidad del proceso porque se ha avanzado en una persecusión penal sin que exista delito penal alguno. En estos casos, que son de defensas claramente políticas, no es si yo fui o no fui el autor del hecho, o si los denunciantes pagaron o no 30 pesos a la organización, sino si eso constituye o no un delito. Porque ni siquiera en Jujuy han podido avanzar en ese sentido. Tal vez tenían otro tipo de acusaciones allá, pero como acá no tenían nada recurrieron a esto, hechos que no constituyen delito».
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