El escándalo de los Panamá Papers reaviva la discusión del pago a los Fondos Buitres. La semana pasada, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat denunció al presidente Mauricio Macri por traición a la patria. Entrevistado en Abramos la Boca, planteó «la correlación existente entre aquella denuncia – impugnando lo que se votó en el Congreso con el acuerdo a los Fondos Buitres – y la pertenencia en la gestión económico-financiera del estado al capitalismo financiero internacional, lo que incluye las guaridas fiscales. Era de prever que en esta negociación se iba a tropezar el vínculo de identidad entre estos paraísos fiscales, la gestión de los mismos y el arreglo con los holdouts».
Entrevistado por Mauro Cavallín y Alicia Lado, Barcesat expresó que «Ninguna sociedad off-shore tiene objeto lícito. Están hechas para trampear la ley territorial. Sea para evadir impuestos o el ocultamiento de divisas. No se trata del mero incumplimiento sino la función de ocultar expresamente a partir de la constitución de estas sociedades. También podrá la situación de lavado de dinero, que implica una conducta ilícita previa que generalmente la constituye el narcotráfico, la trata de personas y la venta ilegal de armas. Los paraisos fiscales no preguntan desde donde vienen los dineros».
Finalmente, explicó «que nadie presta su nombre en una sociedad off-shore«, y «algo arranca mal si los fondos se constituyen en un tercer país respecto donde se realizará la actividad productiva o comercial«; y dio cuenta que la respuesta constitucional es el juicio político: «Las comisiones investigadoras luego no son tenidas en cuenta. Me parece que una nueva comisión no sirve. Hay que articular el mecanismo constitucional que es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados y luego el Senado, para enjuiciar – si corresponde – remover por comisión de delito. Estas hipótesis están abiertas. Habría que instar el mecanismo constitucional porque lo necesario es señalar a la sociedad que el congreso no es cómplice del mal desempeño y posible comisión de delito en ejercicio de la función pública»
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