Así lo afirmó el abogado constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe en comunicación con Radio Gráfica. Entrevistado por Lucas Molinari en Punto de Partida en relación a la problemática abierta en la Corte Suprema de Justicia, planteó: «Hay varios aspectos a tener en cuenta. Estamos viviendo un golpe de estado institucional. La oposición incumple el mandato popular paralizando al Poder Judicial. Es gravísimo, porque deja a la ciudadanía en un atolladero. Si sumamos que la Corte paralizó la nómina de conjueces que aprobó el Senado. Esta situación pone en jaque mate nada menos que la cabeza del Poder Judicial»
Rodriguez Villafañe habló de un cuello de botella judicial: «Lo que sucedió con Carlés pasará mientras no haya un pacto de políticas de estado. En última instancia, como está planteado el Poder Judicial, todo termina en un cuello de botella en la Corte. Una Corte que suma poder público cuando la Constitución no quiere eso. Tres personas asumen la responsabilidad. Digo tres, porque Carlos Fayt no está en condiciones de tomarlas a sus 97 años».
Con solvencia académica, el constitucionalista cordobés explicó la problemática creada en la Corte Suprema y la necesidad de modificaciones en el cuerpo: «Lo de Carlés es doblemente grave porque es especialista en derecho penal cuando no ha quedado ningún juez especialista en esa rama. Tenemos que replantearnos la Corte Suprema de Justicia. Nosotros seguimos el modelo estadounidense, que resuelve cuestiones de constitucionalidad. Allá los códigos civiles y penales son para cada estado. Toda la jurisprudencia ordinaria terina en el máximo tribunal estatal. Acá en Argentina se abrió la instancia de la Corte para sentencias llamadas arbitrarias. Estás son el 90% de los casos. La Corte trabaja entre cien y doscientas leyes y decretos por año. Por su parte, falla aproximadamente quince mil casos de arbitrariedad anuales. La Corte asume una función de Casación. Se mete en el caso y en el fallo. No está analizando una ley o decreto si no un accionar del poder judicial. No está trayendo inconvenientes. Es una inflación discursiva. Nadie acata un fallo, hay más jueces de segunda instancia que de Superior Tribunal, y – obviamente – hay más jueces de Superior Tribunal que de Corte Suprema. La lógica indica que el 80% de los casos deberían estar resueltos en primera instancia. La realidad es que todos apelan y la Corte tiene que fallar en una cantidad tremendo de casos».
Rodriguez Villafañe agregó: «Por eso se crearon los Tribunales de Casación. Esta analiza casos concretos. Es imposible tener un abogado que sepa todo. Se puede ser especialista en derecho comercial, pero no puede serlo de todo. Por más formado que uno sea. A mi entender tiene razón Zaffaroni, lo ideal sería ampliar la Corte Suprema y dividirla en salas según especialidad. Aquí en Córdoba ya está estipulado así. Cada sala tiene su especialización».
Finalmente, el constitucionalista cordobés enfatizó sobre la ruptura de la lógica del Poder Judicial en los últimos tiempos: «El otro día Lorenzetti declaró que el Poder Judicial está decididamente para controlar al gobierno. Se equivoca, porque es parte de un rol de cogobierno. Por lo tanto su primer rol es administrar el poder político y la independencia del poder judicial. El poder del estado está dividido en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Porque si no que sean un super-poder. Por eso la Corte es la cabeza de un poder político. No es un órgano de control para ver si los otros lo hacen bien. La Constitución manda sobre todo, pero no poniendo un poder sobre otros».
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