Ileana Arduino, abogada con orientación en derecho penal, dialogó con Lucas Molinari en Punto de Partida sobre el proyecto de reforma de la Ley de inteligencia. Explicó y criticó la propuesta del Gobierno y remarcó que «tampoco la reforma normativa lo asegura todo, estamos hablando básicamente de relaciones de poder«.
«El proyecto implica un avance porque plantea, por primera vez, un tema que era evidentemente impostergable. De todas formas, es cierto que parte de los señalamientos que el CELS ha hecho, y que no se han recepcionado, resultan problemáticos en tanto pérdida de la oportunidad de abrir semejante discusión para avanzar en cuestiones imprescindibles como clarificar y acotar la posibilidad de relaciones promiscuas entre los servicios de inteligencia y el aparato de justicia federal», explicó Arduino.
Una de las críticas del Centro de Estudios Legales y Sociales al proyecto hace referencia a la cantidad de años necesarios para la desclasificación de los archivos. Mientras en el proyecto se estipulan 25 años, el titular del organismo de Derechos Humanos, Horacio Verbitsky, plateaba de 10 a 15 años, propuesta que no fue incorporada.
Arduino opinó:«La norma tiene una cláusula que, cuando el Ejecutivo lo entienda, permite la desclasificación de archivos en menos tiempo. Jurídicamente hay una serie de argumentos por los cuales uno puede plantear que el secreto es inoponible, por ejemplo, las investigaciones de lesa humanidad». A su vez apoyó lo planteado por el CELS «se podría haber redactado en términos inversos, establecer un plazo mucho más bajo y generar la excepción del mantenimiento de la reserva eventualmente y no al revés».
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