Así lo afirmó el Diputado FPV Carlos Raimundi en comunicación con Radio Gráfica. Entrevistado en Desde el Barrio, analizó el escenario político luego de la muerte del fiscal de la Causa Amia: «No ha variado mucho respecto a lo que teníamos antes. Con el correr de las horas se acentúan tendencias. Me refiero al poder mediático; esa especie de confabulación o acuerdo entre servicios de inteligencia desplazados desde el nombramiento de Oscar Parrilli, que le tenían designado un papel fuerte a Nisman en un proceso desestabilizador. El mismo que comenzó en diciembre de 2013 con los saqueos y levantamientos policiales y la presión devaluadora. Los mismos que se refregaron las manos con el fallo Griesa. Luego vino el avance con jueces y fiscales. Nisman tenía un papel. Porque por algo cambia de ritmo intempestivamente»
En la misma línea el diputado indicó que Nisman «estaba en la causa AMIA desde 1998 y desde principios de la gestión de Néstor Kirchner tuvo asignación exclusiva y a disposición cuatro veces más recursos que cualquier otra fiscalía. La causa no avanzó un ápice. Cuando el juez Canicoba Corral preguntó unas escuchas que no pidió, Nisman respondió que las había realizado hacía ocho años. ¿Porque el apuro de presentar unas escuchas de hace ocho años, dejar a su hija sola en Europa y pedir la apertura de la Feria Judicial? Creo que los atentados de París generaron en sectores conservadores un rebrote de odio religioso, entendiendo una excelente oportunidad de emparentar la figura de la presidenta como aliada del terrorismo internacional. Me da la impresión que cuando sepamos los contactos personales, telefónicos y electrónicos que tuvo Nisman, ahí tengamos la posibilidad de comprender el rol que le tenía asignado el poder en la desestabilización»
Raimundi también opinó sobre el rol de los Servicios y la necesidad de una nueva Ley de Inteligencia: «El gobierno está pagando el precio de haber desplazado de la SIDE a sectores que con mucho poder atravesaron distintos gobiernos porque se manejaron en forma autónoma de la conducción política. Es necesaria una nueva Ley de Inteligencia que garantice el control político institucional para poder quebrar esa autonomía e impunidad«.
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