El gobierno de la provincia de Buenos Aires otorgó por decreto un aumento de 30,9% para los salarios docentes a partir de marzo 2014. De esta manera, el sueldo inicial para un maestro de jornada simple se eleva a 4700 pesos mensuales.
Sin embargo, los trabajadores de la educación nucleados en el Frente Gremial Docente, que mantienen una medida de fuerza en la principal provincia de la Argentina desde el inicio del ciclo lectivo, resolvieron rechazar el aumento y continuar con la huelga. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cuáles son las motivaciones evidentes pero no explicitadas de esta huelga? ¿Quiénes son los sectores, grupos o clases sociales perjudicados por esta medida de fuerza?
Veamos un poco para tener una noción de las cosas. Uno de los principales sindicatos industriales del país, la Unión Obrera Metalúrgica, ha anunciado que reclamará a las patronales del sector un aumento del 30% en los salarios de sus representados.
No se trata de ningún modo de impugnar el paro como una herramienta de lucha que utilizaron históricamente los trabajadores para obtener conquistas y resistir a las políticas liberales. Mucho menos de ocultar la puja distributiva, las contradicciones del proyecto nacional después de 11 años ni del legítimo derecho de los trabajadores de defender su salario. Pero sí de resituar el estado de la educación pública cuando en estos años el Estado se revela como garante de los derechos a la inclusión educativa.
Si se ha concedido un aumento del 30,9% y se lo rechaza es más que evidente que las motivaciones de la huelga ya no se sitúan en el ámbito salarial. Sobre todo teniendo en cuenta que el docente es un sector que se niega al reconocimiento salarial por “presentismo”, porque muchos docentes están habituados a faltar al trabajo amparados en el Estatuto Docente. Y, además, se resisten a la declaración de la educación pública como un servicio esencial, vergozosamente amparados en el prejuicio liberal de invocar normas nacidas en el Norte del mundo.
Ya hace rato que por esos lugares se dejó librada la educación a la suerte del mercado.
Pero volvamos a nuestra realidad. Cuando se lanza un paro es natural preguntarse ¿a quiénes perjudica la medida de fuerza? Seguramente que a los grupos financieros que han desatado la corrida de enero último no. Ni tampoco a los productores de los más diversos tamaños de la Pampa húmeda -los viejos y los nuevos rentistas-, que han gozado siempre y aún lo siguen haciendo de la renta agraria diferencial.
Ni a los formadores de precios de una economía aún dependiente y concentrada que han resuelto incrementar su tasa de ganancia.
Por el contrario, la huelga docente perjudica a los trabajadores y a las clases populares. La única posibilidad de educación que disponen estos sectores está en las escuelas públicas. Mucho más cuando se trata de las familias de los trabajadores de la economía informal herencia del neoliberalismo, que el proyecto nacional no ha logrado incluir: los trabajadores que jamás vieron ni en figurita un recibo de sueldo, no tienen un ámbito para discutir paritarias, ni saben qué significa una obra social.
Nos preguntamos, ¿la respuesta debe ser la misma cuando se enfrenta a gobiernos liberales que vaciaron la educación pública, que cuando se enfrenta a un estado que ha aprobado la ley de financiamiento educativo llevando el presupuesto en ese rubro al 6,47% del PBI, ha instituido la enseñanza media obligatoria a partir del año 2006, acompaña esa obligatoriedad con la Asignación Universal por Hijo para que las familias puedan enviar a sus chicos a los establecimientos educativos y ha construido 2 mil escuelas? ¿Se puede comprender las cosas y actual del mismo modo en la época de la “Carpa Blanca” y en la década de vigencia de las negociaciones colectivas?
Uno está inclinado a pensar que los sindicatos docentes de la Provincia de Buenos Aires no han reparado en estas situaciones, aunque sabemos que algunos que forman parte de ese Frente Gremial sí lo han hecho. Expresan –con paro o sin él- ese profundo desprecio por lo popular bajo la zonza doctrina de “la civilización y la barbarie”. Se encubren con las banderas de lucha para desgastar al gobierno que le dio densidad simbólica y recursos materiales, fruto del crecimiento sostenido del PBI, a la escuela pública.
Y una más para volver a colocar este conflicto en una perspectiva histórica. Una tendencia unilateral de los sindicatos –docentes o de otros gremios- a desplegar la acción en el plano estrictamente gremial, sólo por reivindicaciones económicas, desapegados de la política puede conducir a perder el rumbo al sector que, con diferencias marcadas a su interior, más se ha beneficiado con el proyecto nacional.
¿La memoria de los congresos de Huerta Grande y La Falda, del sindicalismo para la liberación nacional y social donde ha quedado? La extrañamos.
(*) Ariel Weinman / Abramos la Boca – Panorama Federal – Radio Gráfica
