Temperaturas altas, fiestas de fin de año y un verano que promete mucho calor son un combo explosivo para quienes padecen los cortes de luz. Enrique Martinez, Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por 10 años y actual miembro de la Central de Trabajadores por la Economía Popular (CTEP), dialogó con Lucas Molinari en Punto de Partida para seguir planteando la discusión sobre el servicio, el rol que cumplen los privados a la hora de garantizarlo y el lugar del Estado en este complejo mapa energético.
«Lo que ha fallado es todo el sistema de concesionamiento de servicios públicos de los `90 que, en algunos casos, llegó al extremo de la privatización, como en el caso de Aerolíneas Argentinas. La concesión energética, la de agua por red, la concesión de los medios de transporte – subtes o ferrocarriles – han demostrado ser un rotundo fracaso, porque poner la búsqueda del lucro en el medio de la prestación de un servicio público distorsiona la ecuación y hace que se recienta la calidad del servicio en términos dramáticos. Si de esta experiencia de falencias de distribución energética no sacamos la conclusión de que hay que cambiar la cuestión en temas estructurales, hemos aprendido demasiado poco», analizó Martinez.
«Los problemas en la generación de energía se han resuelto de una manera bastante anárquica promoviéndola por medios no renovables con centrales térmicas pequeñas. Sin entrar en conceptos técnicos complejos, evidentemente parece haber suficiente generación pero no distribución de energía pero al usuario termina importándole poco porque, en concreto, no tiene la energía en su casa y eso se deriva de un tema estructural y no de un malévolo gerente de Edenor o Edesur», puntualizó el ex Presidente del INTI.
«No es un tema de corregir la administración de Edesur o Edenor, sino cambiar completamente el sistema e incluso cambiarlo sin volver a mecanismos poco confiables. No se trata de cambiar a un empresario por un funcionario sino de un control comunitario con participación de usuarios y trabajadores. Para no tropezar con la misma piedra hay que elegir esta crisis como una oportunidad de modificar estructuralmente la cuestión, es decir, el Estado se tiene que hacer cargo a fondo de la prestación de los servicios públicos básicos pero con un esquema legalmente pautado de participación de usuarios y trabajadores con controles cruzados», explicó.
«Soy de las personas que adhieren a que hay que eliminar totalmente el subsidio y reinstalarlo en función de necesidades subjetivas porque la gestión de los subsidios ha sido muy penosa y le cuesta al Estado decenas de miles de millones de pesos por año», aseguró.
«Eliminar las concesiones es una cuestión de 24 horas dada la cantidad de incumplimientos de las empresas, pero reemplazar eso por un sistema eficiente implica una toma de decisiones que no puede estar a cargo de un pequeño grupo de funcionarios porque sino terminamos con las grandes contrataciones de grandes proveedores que reemplazan al concesionario. El control comunitario es un concepto al cual hay que perderle miedo e instalarlo en la normativa. Si estamos todos adentro, el problema tiene solución», concluyó Martinez.
CP/GF/RG
