Los intentos privatizadores del gobierno de Mauricio Macri tienen a Vialidad Nacional entre sus objetivos. En medio de la expectativa por la carrera presidencial los trabajadores del sector están llevando la pelea para evitar el desguace y el vaciamiento del organismo estatal. Fabián Cattanzaro, secretario general del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), explicó la situación en el aire de Radio Gráfica.
En diálogo con Lucas Molinari y Manuel Rivas en Punto de Partida Cattanzaro indicó que «al igual que muchos sectores del mundo del trabajo estamos en plena lucha. Hace como dos años, cuando salió el decreto 794/17, que estamos denunciando la privatización no solo de Vialidad, sino también de la obra pública en la Argentina. Es muy grave y lo expusimos ayer ante la Comisión de Obras Públicas del Congreso. La gestión de Macri no vino a mejorar nada. Vino a profundizar los mecanismos de expoliación de los fondos del Estado. Paralizó el organismo en 2016 con el pretexto de las denuncias de corrupción que se revelaron falsas. Y como saben que ya no se puede agarrar y bajar una persiana de un sector del Estado tan importante y estratégico como Vialidad, crearon una sociedad anónima paralela y están desviando fondos a un tercero«.
El entrevistado agregó que «este año vencen los contratos de concesión. Esos contratos deberían volver al Estado Nacional y decidir si se dejan bajo la órbita de Vialidad Nacional, gratuitas y públicas, o si se licitan nuevamente. Pero el Ministerio de Transporte se la otorga directamente tres mil quinientos kilómetros de ruta a una empresa privada creada específicamente para eso, que a su vez las va a ceder a un tercero por valores millonarios. Al mismo tiempo se vuelve a una lógica excluyente. Se concentran las obras en el centro del país, donde está la mayor cantidad de tránsito, y las economías regionales quedan relegadas porque los peajes están dolarizados, los costos del flete son cada vez más altos y las rutas internas están destruidas«.
Finalmente Cattanzaro comentó que «en el Congreso hay seriedad y mucho interés para discutir el tema. Nuestro presupuesto es un tercio de la partida para obra pública. Eso se está discutiendo y nosotros planteamos que las podemos hacer a un tercio de los valores presupuestados. Está demostrado. Se adjudica una empresa y resulta que hay otro subcontratado, o sea que hay un margen de ganancia en algún lado. El gobierno dice que licita la obra pública a un menor valor. Lo que pasa es que el negocio hoy es generar modificaciones de obra, o sea poder encarecerla, y la redeterminación de precios, que con la anterior gestión era válida a partir del 20% de inflación y ahora bajó al 5%. Entonces se redetermina cada dos meses. El gobierno está haciendo obras comenzadas en 2015, quintuplica el valor de las que están emprendidas, y se encuentra en un 30% de ejecución de obras que ya deberían estar terminadas«.
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