Los días 3 y 4 de junio pasados se llevó a cabo en el Vaticano la Cumbre Panamericana de Jueces Sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana. En ella diferentes magistrados debatieron, entre otros temas, la práctica conocida como ‘lawfare’, en la cual se combinan el uso de la presión judicial junto con operaciones de prensa e inteligencia. La cumbre finalizó con una intervención del Papa Francisco, y la emisión de un documento criticando el uso antipopular de la coproración judicial.
Entre los participantes del encuentro se destacó la presencia del juez Andrés Gallardo, quien explicó en diálogo con Punto de partida que «lo más destacado fue la cantidad y calidad de magistrados actuando en la cumbre. La palabra de Francisco al cierre del evento dejó en claro el trascendente papel que tienen los derechos sociales para la actual doctrina de la Iglesia que él encabeza, y la denuncia que hace sobre la batalla jurídica, en la que algunos jueces con usos artificiosos de la ley modifican el escenario político para que gobiernos o sectores populares se consoliden y lleguen al poder».
Gallardo también informó que «al cierre de la Cumbre se redactó un documento titulado ‘Declaración de Roma’, firmado por todos los asistentes. También se constituyó el Comité Permanente de Juezas y Jueces por la Doctrina Franciscana, que tendrá por objeto el estudio de los derechos en cada país. Además se decidió estructurar y coordinar acciones estratégicas entre los magistrados para propender a garantizar esos derechos. Como tercer elemento de interés, también se estableció la defensa de jueces que están en peligro por defender derechos sociales«.
En el cierre de la cumbre el Pontífice de la Iglesia Católica manifestó su «preocupación por una nueva forma intervención exógena en los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El ‘lawfare’, además de poner seriamente en riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas«.
Desde Buenos Aires, las palabras de Francisco fueron analizadas en el aire de La Señal por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Según él «Francisco, en todas sus afirmaciones siempre estuvo en el ojo de la tormenta, dando la indicación de que hay que buscar formas superadoras tanto en lo que hace a la economía como en lo que hace a la administración de justicia. Sus palabras son parte del legado que habrá que convertir en proyecto cuando cambiemos este gobierno. Hay que crear un sistema más igualitario, replantearnos la integración con América Latina, el dominio efectivo de nuestras riquezas y recursos naturales. Si esto viene de la interpretación de la palabra de Dios, o de la razón humana, yo se dónde me tengo que inscribir. Lo que me interesa es que se haga«.
MG/GF/RG
Declaración de Roma:
Los abajo firmantes, participantes de la primera Cumbre Panamericana de Juezas y Jueces sobre derechos sociales y doctrina franciscana, declaramos:
Nos asiste una profunda preocupación por el deterioro de los sistemas normativos nacionales e internacionales y en particular por la degradación en el ejercicio universal de los derechos económico, social y culturales.
Observamos un pronunciado proceso mundial de dualización social que conlleva a justicia estructural y violencia; minorías cada vez más pequeñas concentran en forma inédita la riqueza del plante, disminuyendo el bienestar y la dignidad de millones de seres humanos.
En forma paralela advertimos que el actual sistema económico mundial poco y nada hacen para preservar el equilibrio ambiental, coadyuvando en esta forma a una degradación integral de la existencia humana.
La palabra y el ejemplo de Francisco nos interpelan sustantivamente y promueven independiente de nuestra creencia religiosa personal, replanteos y abordajes críticos de nuestra visión judicial.
La actual situación de la humanidad exige de quien tenemos la enorme responsabilidad de controlar judicialmente el cumplimento de los derechos humanos una postura firme y valiente que limite en la práctica el avance de las prácticas destructivas y degradantes del hombre y del plantel.
Consideramos que los estados asuman la operatividad incondicional de los derechos económico, social y culturales y a los fines de su estricto cumplimiento, modifiquen su política presupuestaria logrando ecuaciones más equitativas y justas.
Hacemos un llamado a todos los países para que alcancen los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que son compromisos específicos y con plazo de nuestra generación, para cumplir con la declaración universal de los derechos humanos y los acuerdos relaciones con los derechos humanos.
Hacemos un llamado a todos los países para que tomen medidas decisivas para cumplir los objetivos del acuerdo climático de París, que son vitales para la supervivencia y el bienestar humano, especialmente para los pobres y las generaciones venideras.
Entendemos que no hay posibilidad de vivir en paz y democracia en procesos políticos y sociales en los que se profundicen el descarte de las personas y la destrucción del medio ambiente.
Alertamos sobre el uso que en la actualidad se hace de una parte del poder judicial para modificar escenarios políticos y económicos, desnaturalizando las funciones judiciales y destruyendo la democracia con el costo que eso implica para el desarrollo de los derechos humanos.
Resaltamos que los sistemas de comunicación concentrados cuando actúan para presionar a los poderes públicos pierden su esencia y hacen peligrar la institucionalidad al sustituir los poderes públicos mediante operaciones mediáticas de dudosa legitimidad.
En este contexto de crisis planetaria, hacemos un llamado los colegas jueces de las Américas para asumir el rol que el ahora nos exige, coordinando esfuerzos, diseñando estrategias y ratificando de forma cotidiana nuestro compromiso con la dignidad humana y la paz global, como también para la revalidación de los derechos humanos en todas las dimensiones.
