La psicoanalista, una de las creadoras del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa junto al ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde, dialogó en Feas Sucias y Malas sobre cómo afecta socialmente la postura negacionista del terrorismo de Estado que hoy asume el mismo Estado, en el contexto de domiciliarias a genocidas como Etchecolatz, Bianco y Musa Azar.
“Tiene que ver ya no sólo con el universo de las víctimas que fueron atacadas y violentadas por el terrorismo de Estado, sino que el hecho de que un grupo de vecinos salga a decir que no pueden estar obligados a convivir con genocidas es muy importante, porque da cuenta de que la dimensión que tienen los crímenes de lesa humanidad y la imprescriptibilidad que tienen esas marcas que se sostienen a través de generaciones se hacen extensivas a la sociedad en su conjunto”, comenzó Rousseaux en diálogo con Úrsula Asta.
Negacionismo y sociedad afectada
“Así como muchas veces decimos que en esta sociedad convivimos con más de 400 cuerpos que están desaparecidos a la vista de todos, que son las personas que están apropiadas o falseadas sus identidades, o también convivimos con la imposibilidad de haber juntado el nombre de los desaparecidos con los restos, todavía estamos en pleno proceso de reconstrucción de los hechos sucedidos y todas las categorías del derecho se redefinen con los delitos de lesa humanidad”, analizó. “Todas las categorías que tiene incluso el derecho -sobre quién es la víctima (del genocidio), quien el afectado, sobre quién cae el efecto de violencia- deben ser reconsideradas. Porque es la sociedad la que se ve afectada”, especificó.
Y continuó: “Cuando una persona tiene su identidad falseada, no sólo está afectada la persona que lo busca y que tiene el derecho de conocer la verdad, sino la sociedad en la que vive. Son derechos que irradian una dimensión mucho más allá de la victima directa. Creo que tenemos una excelente oportunidad a través de todo el proceso de lucha en nuestro país”.
En la misma línea, planteó que además de la lucha llevada adelante, de los juicios a genocidas y de la producción teórica al respecto, “cuando hay un Estado que tiene la decisión política de llevar adelante los procesos de memoria, verdad y justicia” como ocurrió en los últimos años, todo eso acumula “un proceso transitado” que arroja como consecuencia, “una frontera en la que una parte muy importante de la sociedad pone de valla el haberse encontrado con la verdad que eso implica”. “A pesar de la insistencia de este gobierno negacionista y que incluso invierte la figura de la víctima –como cuando Carrió dice `estos pobres viejitos´-, ya no podemos convivir con los asesinos y genocidas con esta sociedad”, sostuvo.
Genocidio y filiación
A partir del surgimiento del grupo de hijos, hijas y (también quienes se denominan) ex hijas de genocidas, Rousseaux retomó palabras de Mariana Dopazo, ex hija de Etchecolatz, con quien hoy realiza el proyecto “genocidio y filiación” y quien contó que sólo las víctimas y los hijos conocen la mirada de Etchecolatz.
Allí, dice Fabiana, se introduce “una dimensión íntima” ya que “a la vez que ella (Dopazo) puede introducir ese saber intransferible, también introduce una diferencia fundamental. Que no es lo mismo la categoría de figura de víctima de terrorismo de Estado que los hijos como víctimas de una violencia intrafamiliar, que está determinada también por lo que en lo social ese progenitor produjo”.
“Es decir que no son las mismas cosas, no son las mismas víctimas ni las condiciones, no se pueden equiparar sobre todo por las categorías jurídicas y estatales que la condición de víctima establece, pero sí tiene que ver con el campo de las consecuencias del terror de Estado. Por ahora lo definimos como una voz a descifrar, que todavía no podemos incorporarla en el ámbito de la lucha de los derechos humanos en un sentido unívoco o ya definido. Es una emergencia, un lugar muy importante, inédito, inesperado y que surja en este momento creo que tiene que ver con leer algunas particularidades”, analizó.
Y siguió: “No llegaron a esta aparición pública en contra de sus padres de un día para otro, ni ahora, sino que se produce proceso interno en cada uno. De hecho hay dos categorías muy diferenciadas, porque ser hijo y ser ex hijo habla de distintas posiciones subjetivas en relación a esa historia. Lo que sucedió ahora es que se articuló y tuvo una emergencia que tomó un tenor diferente a partir de que este Estado instala un discurso negacionista y profanador de la memoria de las víctimas. Y creo que ahí radica la potencia de esta voz, que en ese contexto un grupo de los propios hijos salen a decir `estas personas son genocidas´”.
“Hay que ver cómo emerge, como es la relación que surge entre esta voz y la de las victimas de derechos humanos. Fundamentalmente para que sea posible un diálogo no se puede homologar en la figura y la condición de víctimas. Son víctimas pero no de la misma cosa. Esto es fundamental para producir un puente que permita contraponer a ese discurso negacionista del Estado algunos hechos que son muy contundentes”, reflexinó.
El estado, la reparación y las víctimas
Consultada sobre el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Ulloa, el cual dirigió, relató: “Hemos muy seriamente analizado, debatido desde el año 2005 en adelante junto a Eduardo Luis Duhalde, que en ese momento el Secretario de Derecho Humanos de la Nación, cómo se ponen en juego el Estado, la reparación y las víctimas bajo una política de atención integral a las políticas de reparación ni más ni menos que de las víctimas del Estado. Entonces esa contradicción fundamental que era llevarlo adelante desde el Estado implicó un enorme esfuerzo de articulación, de debate y creación de lazos de confianza entre las víctimas del Estado y el Estado”.
“La primera restitución era la dignidad en las victimas y que esa voz se pueda escuchar de un modo cuidadoso. Tratamos de tener una articulación permanente con los organismos y con las victimas que no habían llegado a instalarse en una organización y que estaban de algún modo sueltas con ese dolor y el silencio a solas durante muchísimas décadas y también en ciudades del interior del país que tampoco tenían políticas de asistencia municipal ni provincial”, dijo.
“Articulamos con toda esa red tratando de apoyar con recursos, de contratar profesionales con experiencia en ese campo y a través de una formación permanente en los servicios públicos de todo el país. Articulando experiencias e instaurando la idea de que los profesionales de los servicios públicos también tienen que llevar adelante una política pública en materia de asistencia cuando una víctima se acerca a un servicio público y pide atención. Y, a partir de la apertura de los juicios, toda esa construcción previa la pusimos al servicio de una red nacional para el acompañamiento a las víctimas que iban a declarar en los juicios a sabiendas de que hablar arroja consecuencias inesperadas”, señaló.
“Esa experiencia la transferimos a otros países del cono sur, Y hasta el día de hoy permanecen estas redes de trabajo. Ahora, lo que se hace muy difícil es sentirse acompañado por un Estado negacionista. Cuando se sostienen esas redes o atención del Estado, pero el Estado representa una política negacionista incluso invirtiendo el concepto de víctima, ahí se complejiza bastante. No es la objetividad de un programa lo que garantiza el hecho reparador sino la posición del Estado en general”, finalizó.
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