Remo Carlotto, diputado nacional del Peronismo Para la Victoria, conversó con Punto de Partida sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que otorga el beneficio del 2 por 1 a condenados por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Carlotto caracterizó a la decisión de la corte como «absolutamente repudiable. Es un fallo amañado para conseguirle impunidad a los genocidas. Tomar una legislación derogada como y aplicarla a los casos de crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles e inamnistiables, es una señal que se suma a otras como el negacionismo de lo ocurrido entre 1976 y 1983, o el cuestionamiento al número de desaparecidos y al movimiento de Derechos Humanos. Y también va en ese sentido el llamado a la reconciliación de la Conferencia Episcopal Argentina, que ofende a los que vienen demandando justicia hace tantos años. Otra vez se intenta que a través de la impunidad y del olvido se resuelva lo que sucedió en los años más trágicos de nuestra historia contemporánea».
Al respecto de la cuestión eclesiástica, el legislador precisó que «la información que está proporcionando el Vaticano está vinculada directamente a la demanda de los familiares que recurrían a la Iglesia Católica para que ayude a buscar a sus seres queridos. Toda información que surja de la desclasificación de documentos nos ayuda a nosotros a recomponer el rompecabezas del accionar criminal clandestino del Estado, y así se dirimirán responsabilidades. Sin ninguna duda hubo por parte de la jerarquía clerical hubo una responsabilidad directa por el acompañamiento que dio a la dictadura a través de pronunciamientos públicos de algunos de sus miembros encumbrados en apoyo al accionar de las fuerzas armadas y de seguridad».
Finalmente el dirigente del Movimiento Evita explicó que contra el fallo «existe la posibilidad de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en queja por considerar que hay una denegación de justicia a partir del pronunciamiento de la corte. Hay un camino allí que los abogados de los organismos de DD. HH. van a llevar adelante. Lo que quedó claro es que vamos a buscar desde los ámbitos institucionales, como el Congreso de la Nación, crear el mayor consenso entre los distintos bloques posible para rechazar este fallo de otro poder del Estado. Y también vamos a acompañar la movilización y esclarecimiento entre la población acerca de lo que significa esta decisión de la corte, es decir, que cientos de genocidas condenados encuentren un camino para salir rápido en libertad».
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