Por Ramiro Coelho *
Con una agenda reivindicativa propia, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) adhirió al paro general convocado por la Confederación General de Trabajo (CGT). En un contexto de pérdida del poder adquisitivo y aumento de la desocupación los movimientos sociales que integran esta confederación exigen la aplicación de la Ley de Emergencia Social, el otorgamiento de la personería gremial y el apoyo por parte de Estado a los proyectos productivos de vienen desarrollando quienes “han debido inventarse su propio trabajo”.
Con cortes y asambleas en diversos puntos del país, la CTEP participó activamente del paro general convocado por la CGT. A través de estas acciones los trabajadores de la economía popular reclamaron la aplicación total de la Ley de Emergencia Social y Laboral, votada por el Congreso Nacional en octubre del año pasado, que asigna medio salario mínimo para quienes integran este sector, crea un registro nacional de trabajadores y contempla la entrega de fondos para apoyar las diversas actividades productivas y de servicios que cooperativas y productores familiares desarrollan cotidianamente. En segundo lugar exigieron el reconocimiento gremial de esta confederación y su mutual y la apertura de paritarias populares que pongan en igualdad de derechos a los trabajadores cooperativistas e informales respecto de los asalariados.
Lucano Álvarez, dirigente de la Mesa Gremial 19 y 20 de Diciembre, poco antes de comenzar la asamblea llevada a cabo al pie del Puente Avellaneda de La Boca, explico a Radio Gráfica que “lo que vamos a discutir en esta asamblea es cómo organizar a este sector de más de cuatro millones de trabajadores a través de esta herramienta que hemos conquistado con la pelea, que es el medio salario social complementario”.
En una semana en la que el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bulrich han tensado el enfrentamiento con los sectores trabajadores, tildándolos de vagos, choriplaneros y desestabilizadores, resulta importante analizar los hechos concretos sobre las acciones que los trabajadores en general, y los trabajadores de la economía popular en particular, han venido desarrollando durante el último año.
La realización de paros, movilizaciones y protestas resultan acciones propias del ejercicio de la ciudadanía, contemplados en la constitución, y mucho más cuando dichas acciones se vuelcan en presentaciones ante el Congreso Nacional de proyectos de ley, como fue el caso de la “Ley de emergencia Social y Laboral”.
El hecho de que existan hoy en día cerca de cuatro millones de trabajadores informales que no acceden a los derechos laborales que otorga el salario y que “se hayan creado su propio trabajo”, realizando tareas socialmente útiles para nuestra sociedad, como la recolección de residuos reciclables o la producción de frutas y hortalizas no admite otro juicio que la ineludible necesidad de generar políticas socioeconómicas que restituyan sus derechos laborales vulnerados. Las políticas económicas del gobierno, por el contrario, han profundizado esta vulneración de derechos, destruyendo a una velocidad inédita en la historia argentina el aparato productivo, a través de una operación de pinzas que combina aumento de tarifas, apertura de importaciones, desinversión social, endeudamiento y represión de la protesta social.
Mauricio Macri llegó al Gobierno con el discurso de “unir a los argentinos”. Por ahora, lo que si ha logrado es unir a los trabajadores formales e informales junto al sector de las pequeñas y medianas empresas, que también participó del paro nacional a través del persianaso. Queda preguntarse cuál va a ser el desenlace de esta pulseada, ante un gobierno que no parece dar marcha atrás en sus políticas y un sector productivo de empresarios y trabajadores vinculados al mercado interno, que no parecen estar dispuestos a esperar sentados que decreten su desaparición.
(*) Columnista de Abramos La Boca / Radio Gráfica
