Julio Neffa, investigador superior del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Conicet, dio su visión en Punto de Partida acerca del proyecto oficialista para modificar la ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). La ley tiene media sanción en la Cámara de Senadores y será tratada en comisión esta tarde.
Neffa explicó que «hubo una reacción muy fuerte contra el DNU que impulsaba el gobierno, y por lo tanto hubo que convocar a sesiones extraordinarias. El DNU era inconstitucional, pero el problema central es que las ART y las cámaras empresarias dicen que hay una litigiosidad laboral muy elevada. Pero por ejemplo en 2015 hubo más de setecientos mil denuncias de enfermedades laborales denunciadas, pero solo en cien mil de estos casos se inició un juicio. Además de esto hay que tener en cuenta que aproximadamente un tercio de los asalariados está empleado en negro, por lo tanto todo lo que les ocurre no se registra y es en ese sector donde los riesgos son más frecuentes».
Asimismo Neffa describió el sistema al asegurar que la raíz del problema se remonta a «la década del ’90, cuando la seguridad social fue privatizada. El gobierno kirchnerista estatizó las AFJP pero dejó intactas las ART, que no son otra cosa que compañías de seguros cuyo objetivo es aumentar los aportes y reducir los costos. Desde su punto de vista la litigiosidad ataca su fuente de ganancia. El otro aspecto del problema es que a las comisiones médicas las nombra la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que a su vez está financiada por las ART. Entonces las comisiones médicas se vuelven jueces y partes en el litigio, e incluso hay muchas enfermedades que no reconocen como tales porque el registro vigente es el de 1996. Y por último, vale aclarar que la doble vía, la posibilidad de acudir a la justicia después de negociar el acuerdo con la ART, no va a ser eliminada ahora sino que está eliminada desde la reforma que hizo el kirchnerismo en 2012″.
Finalmente Neffa analizó la importancia de la votación en el la Cámara de Diputados, y señaló cuál es la propuesta para solucionar la cuestión al afirmar que «la salida es reformar la ley de riesgos de trabajo para que se ponga el acento no en la reparación de los riesgos, sino en la prevención de los mismos. Argentina firmó varios acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo en los que están contempladas las normas que deberían figurar en una ley de promoción de la salud y de prevención de los riesgos ocupacionales. Si los diputados no toman conciencia de esto y aprueban la ley, van a estar ignorando estos convenios internacionales. La idea de que la salud de los trabajadores debe ser un bien público y no una mercancía es el camino para salir de este problema».
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