Por Úrsula Asta (*)
Presos de Devoto realizaron batucadas en defensa de su derecho a estudiar y trabajar. Tras la requisa sufrida en el Centro Universitario de ese penal, hubo movilizaciones y se repudió tanto el accionar del Servicio Penitenciario, como las informaciones públicas sobre supuestas ilegalidades en el espacio de estudio. Matías Isequilla, abogado del Sindicato de Trabajadores Privados de la Libertad, explicó lo ocurrido y describió el rol de un espacio gremial único en el mundo.
El Sindicato Unido de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA), junto al Centro Universitario de Devoto (CUD) y el Grupo Universitario Devoto, emitió un comunicado que expresó: “El allanamiento llevado a cabo en esta sede universitaria por personal de requisa, no nos resulta llamativo a la luz de la persecución ideológica a la cual nos vemos sometidos todos aquellos quienes llevamos adelante tareas de gestión en la Universidad”. Esta publicación fue lanzada luego de una requisa realizada por el Servicio Penitenciario Federal, el cual expresó haber encontrado ilegalidades.
Las movilizaciones y batucadas que se llevaron adelante la semana pasada reivindicaron el derecho a estudiar. Y con él, el derecho a trabajar. Desde la calle que rodea el gran predio que ocupa la cárcel de Devoto se podían escuchar con mucha claridad las batucadas que provenían de intramuros. El sonido, acompañado por familiares y organizaciones desde afuera, duró algunas horas durante varios días.
El Centro Universitario, un espacio único
El abogado del SUTPLA, Matías Isequilla, quien también es profesor del Centro Universitario, relató la cuestión de fondo: “Hay un embate muy concreto contra el CUD porque hay un trasfondo que pretende trasladar la cárcel de Devoto. Y el Centro Universitario es el principal escollo. Hay un proyecto de trasladarlo a Mercedes, pero el CUD no se puede trasladar porque se tornaría imposible dar clases en Mercedes. Acá (Devoto) vienen estudiantes de otras unidades penitenciarias, como Ezeiza y Marcos Paz”.
El Centro Universitario de Devoto, ó CUD, es un espacio único en su especie. No sólo no es parte de la cárcel en sí misma (es la sede número 14 de la Universidad Nacional de Buenos Aires), sino que no existe otra experiencia en el país como esta. Allí, alrededor de 400 personas estudian carreras como Derecho, Administración de Empresas, Contaduría, Sociología y Filosofía. “Es un ámbito que los detenidos cuidan muchísimo”, señaló el docente.
En ese sentido, y respecto al conflicto en el penal de Devoto, Isequilla explicó: “Hay un proyecto inmobiliario que el Gobierno nacional y de la ciudad (de Buenos Aires) están muy interesados en gestionar. Son 8 manzanas las que ocupa la cárcel de Devoto. Y el CUD es un escollo porque está muy bien posicionado”. “La única explicación que encontramos a esta requisa, porque no fue un allanamiento, como trataron de mostrar en los medios, es que se trata de desprestigiar este ámbito. Que es el único ámbito universitario de todas las cárceles en Latinoamérica”, agregó.
En esa línea, el traslado de la cárcel de Devoto no sólo implicaría la muerte del Centro Universitario, sino una fuerte vulneración de derechos. El abogado del SUTPLA remarcó: “Es una unidad penitenciaria con muy fáciles accesos para que las familias vengan a visitar a sus familiares. Las cárceles más nuevas, Marcos Paz y Ezeiza, son inaccesibles y es muy costoso llegar. Los presos de acá tienen posibilidad de recibir visitas por sus parientes asiduamente”.
El trabajo, derecho consagrado y vulnerado
El Sindicato Unido de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA) fue el primero en fundarse en el mundo en el 2012. Hoy, países como Alemania y Estados Unidos tienen los propios. Fueron los mismos detenidos, quienes en un ámbito como el del Centro Universitario, discutieron y resolvieron defender sus intereses de manera colectiva. El trabajo es un derecho de toda persona privada de su libertad, condición que tiene por objetivo formar y proveer a la persona de los medios de subsistencia para sí y para su familia.
“El sindicato tiene por función reivindicar los derechos laborales de los detenidos, pero también participa en todo lo que tiene ver la política penitenciaria de derechos humanos”, explicó Isequilla, quien oficia de abogado del gremio.
Las situaciones de trabajo efectivo para las personas privadas de la libertad son diversas y escasas. “Las tareas dependen del lugar. Acá (en Devoto) trabajan en general con cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del penal, como comida, panadería, limpieza. Acá no hay emprendimientos productivos grandes, pero en otras unidades sí. En Marcos Paz hay una carpintería que fabrica todos los muebles que utiliza la administración pública. En la unidad 4 en la cárcel de mujeres de Ezeiza hay una fábrica textil. Las chicas detenidas ahí fabrican la ropa para todos los agentes penitenciarios. En La Pampa hay una colonia agraria”, describió.
Sin embargo, tal como advirtió, “es importante considerar que no todas las personas efectivamente trabajan y cobran”. E incluso, contó, “también hubo causas de trabajo esclavo”. “En la provincia de Buenos Aires, donde está el 60 por ciento de los detenidos del país, casi nadie trabaja. Los pocos que trabajan ganan muy poquito, les pagan con tarjetas de teléfono, paquetes de cigarrillos, les dan por aprobado el aspecto laboral del `tratamiento´ (…) son muy comunes los accidentes, electrocutamiento, mutilaciones, hernias en espalda”, manifestó.
Por su parte, el sindicato realizó un reclamo a ANSES porque los trabajadores privados de la libertad tendrían derecho a percibir todos los beneficios de la seguridad social, como asignaciones familiares, seguro de desempleo cuando recuperan la libertad, obra social para ellos y sus familias. Eso, claro está, no sucede.
Como posible solución a la problemática penitenciaria y la
vulneración que en contextos de encierro pesa sobre las personas, este docente y abogado planteó: “Si vamos a justificar la perdida ambulatoria de la libertad de una persona, retroceso que de ninguna manera puede hacer que la vida de una persona mejore, entonces, y si hay tanta preocupación por la inseguridad, combatir la reincidencia sería una medida interesante”. Para eso, sentenció, “el trabajo y la educación son temas clave”.
Las estadísticas señalan que el 80 por ciento de detenidos reincidió. Por el contrario, de los que pasaron por el CUD la estadística se invierte y sólo reincidió el 20 por ciento. La garantía de estos derechos podría ser destino de una parte del abultado presupuesto que el Estado destina al sistema penitenciario, que se calcula en 40 mil pesos por mes por detenido.
Ese dinero “se debe haber perdido en la vorágine de corrupción que impregna a esta institución”, finalizó Isequilla en referencia el Servicio Penitenciario.
(*) Periodista, conductora de Feos, Sucios y Malas.
