El programa Feos, Sucios y Malas recibió al politólogo Tomás Aguerre, quién estudió el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para introducir la boleta electrónica en todo el país a partir de las elecciones legislativas de 2017. Además publicó una extensa investigación que recoge las experiencias de varios países que incorporaron el método del voto electrónico y decidieron volver al papel.
Cabe destacar que el debate legislativo que se desarrolla en el Congreso no gira en torno al voto electrónico sino a la aplicación, entre otras reformas, de la Boleta Única Electrónica (BUE), un sistema ya empleado en la ciudad de Buenos Aires en las últimas elecciones locales. La principal diferencia entre ambos sistemas es que el voto electrónico no imprime una boleta, sino que guarda la información de la elección del ciudadano y al final del escrutinio arroja la suma, el resultado registrado en esa máquina.
El sistema, de todos modos, ha generado objeciones, tanto de parte de los políticos como de expertos informáticos. Es el caso de Joaquín Sorianello, un programador que había alertado sobre la vulnerabilidad del sistema días antes de las elecciones porteñas de 2015 y fue denunciado penalmente. El experto había dado aviso a la empresa Grupo MSA, que estaba a cargo del mecanismo de “boleta única electrónica”, pero este alerta derivó en un allanamiento de la Policía Metropolitana a su casa, de donde se llevó sus computadoras. El informático fue sobreseído y la Justicia reconoció su accionar para poner en evidencia que el sistema es “vago y que podía ser vulnerado con facilidad”.
Aguerre apuntó que “el corazón del proyecto de reforma política que el Gobierno envió es la boleta electrónica, y los fundamentos son hacer un proceso electoral más transparente, terminar con el clientelismo y la cuestión de los costos”, enumeró. Sin embargo, sostuvo que “no está claro que ninguna de esas tres cosas se consiga con la boleta electrónica”.
En su investigación analizó los casos de países como Alemania, Australia e Irlanda, donde se aplicó o al menos se intentó aplicar el voto electrónico – un sistema que no es el que se busca aplicar en Argentina, sino más extremo -. Aguerre explicó que “en estos casos, la Justicia determinó que debía haber un respaldo en papel”, y agregó: “esos países decidieron volver atrás con el voto electrónico, y volver definitivamente al papel, porque la seguridad del voto no está solamente garantizada con el respaldo de papel, ya que ese es un momento muy corto de todo el proceso electoral”.
Aguerre expuso los peligros que descubrieron en estos países y que los convencieron de regresar al sistema de boleta única de papel: “el proceso inicial de licitación de las máquinas, la auditoría de esas máquinas -un tema que se está hablando demasiado poco en este proyecto- hasta el proceso final que es de transmisión de los datos”. Y sostuvo que los ciudadanos deben ser capaces de auditar todas las instancias “sin ningún conocimiento técnico específico, solamente sabiendo sumar y restar”.
“Hay otro patrón que vemos que es que hay un momento que chocan dos procesos que son fundamentales: por un lado tenés el principio del derecho del secreto comercial de las empresas, que obviamente no quieren abrir plenamente todos sus sistemas, sus códigos y sus patentes para que la gente los mire, porque es parte de su negocio. Eso choca directamente contra el derecho de los ciudadanos a conocer plenamente cómo funcionan esos sistemas”, argumentó Aguerre acerca de la poca transparencia que observó en la incorporación del voto electrónico en los países examinados.
Respecto a las vulnerabilidades que presentan los sistemas de voto electrónico, argumentó que “tienen que ver con los momentos de transmisión de los datos hasta los centros de cómputos, con el almacenamiento y el procesamiento de esos datos”. Y el peligro radica en que “cualquier manipulación genera un problema sobre la fidelidad de la elección, pero hay también un problema a largo plazo que tiene que ver con la confianza del público en las elecciones”. Según el politólogo, con el sistema tradicional ese riesgo desaparece, ya que más allá de alguna demora en el escrutinio, “el sistema nacional electoral no está puesto en cuestión”.
Otra de las conclusiones de su investigación tiene que ver con la delegación de tareas en las corporaciones: “Lo que tiende a pasar con el voto electrónico es que las empresas, como se convierten en proveedoras, en un punto se convierten en co-organizadoras de las elecciones. Cuando Holanda decidió dar de baja el sistema electrónico y regresar al de papel, descubrió que muchas de las capacidades que el Estado tenía las había perdido, y que se las había delegado a la empresa”.
Finalmente se refirió a los costos del sistema electrónico: “Con respaldo de papel necesitás imprimir una boleta por ciudadano en cada elección, y la boleta única electrónica lleva un chip que tenés que comprar cada vez que vas a hacer una elección”, y agregó: “Hay otra serie de costos que tiene que ver con la actualización, el mantenimiento y el guardado” de las máquinas que se utilizan para sufragar.
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