Ausencia de políticas activas de promoción de la economía popular social y solidaria.
Por Ramiro Coelho *
El conflicto de los últimos diez días de los trabajadores manteros de la del Barrio de Flores con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pone en evidencia el problema de la precariedad laboral y la falta de políticas activas de promoción de este sector. Ante el problema de fondo que acarrea el conflicto, y la falta respuestas efectivas del gobierno porteño, la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) ha convocado a legisladores Congreso de la Nación a una serie de Jornadas de debate en las que participan diputados de la oposición, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y personalidades de mundo gremial y jurídico para tratar la “situación de emergencia laboral” que vive este sector de los trabajadores de la economía popular que, desde los últimos años, viene desarrollando un proceso de organización sindical creciente. El reclamo es muy claro: poder desarrollar su actividad bajo condiciones que garanticen sus derechos como trabajadores.
La represión del 11 de abril a los vendedores de la vía pública en la calle Avellaneda reavivó el conflicto histórico de la venta callejera en la Ciudad. Ese día la Policía Federal, una vez más, desalojo a los trabajadores e intentó secuestrar sus mercaderías. La movilización inmediata posibilito la apertura de un canal de negociación con el Ministerio de Espacio Público, que ofreció un predio en el Barrio de Once para solo ochenta puesteros. La insuficiencia de la oferta y la imposibilidad para los trabajadores de ganarse el sustento durante más de diez días mantiene vivo el conflicto y abre un debate de fondo en torno a qué políticas públicas deben llevarse a cabo para garantizar el ejercicio pleno de los derechos laborales de los trabajadores de la economía popular en la Ciudad.
El apoyo manifestado por diputados del Frente Para la Victoria, a través del compromiso de acompañarlos en las asambleas, ofreciendo sus fueros para para evitar la represión y presionando para que haya diálogo entre el gobierno y los trabajadores es un paso adelante pero es necesario avanzar aún más. El conflicto casi permanente de los manteros y demás trabajadores del espacio público con la Ciudad se relaciona directamente con la ausencia de políticas activas de promoción de la economía popular, social y solidaria por parte del Gobierno Porteño. Durante los dos períodos de Mauricio Macri, el ejecutivo porteño se mantuvo inactivo en este sentido, a contrapelo de las políticas que el gobierno de Cristina Fernández de Kirtchner desarrolló durante el mismo período. Los programas de apoyo a empresas recuperadas y cooperativas, el Plan Argentina Trabaja, el Programa Nacional de Microcrédito y el Programa Social Agropecuario, entre otros, fueron algunas de las políticas que buscaron restituir derechos a los trabajadores excluidos del mercado laboral. 
La política puso en el centro la promoción del trabajo autogestivo y el acceso a beneficios sociales como jubilación y obra social a través del monotributo social. Todas ellas se aplicaron de manera efectiva en coordinación con todas las provincias del país, salvo al Ciudad Autónoma. Su virtud fue, más allá de los aciertos y los errores, poner en el centro al trabajo y entender que a pesar del altísimo crecimiento económico del país en el período 2003-2008 y la política de sustitución de importaciones que posibilito la creación de cerca de seis millones de puestos de trabajo, eran necesarias políticas activas que permitieran incluir como sujetos de derechos a ese treinta y seis por ciento de la población económicamente activa que no lograba acceder a un trabajo registrado y que las empresas privadas no estuvieron dispuestas a absorber a pesar del importante crecimiento de la producción y el consumo durante este período.
El fomento de este tipo de políticas, por lo tanto, resulta estratégico debido a dos motivos clave: la realidad de que, aún en momentos de alto crecimiento económico, las empresas no necesitan del cien por ciento de la mano de obra disponible y la necesidad de promover y subsidiar desde el Estado al amplio sector de la economía popular, social y solidaria. Sector que ha demostrado durante los últimos doce años ser mucho más eficiente que el sector privado en la generación y mantenimiento de puestos de trabajo.
Sin embargo no parece ser esta una política que tanto el Gobierno Nacional como el de la Ciudad vayan a fomentar. Los despidos de trabajadores en áreas clave para este sector como la Secretaría de Agricultura Familiar y del Plan Nacional de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, entre otros, lo demuestra. Una política de fomento y promoción del sector requiere mucha mano de obra capacitada que trabaje en territorio de manera de articular capacitación, subsidios y políticas sociales.
(*) Periodista de Radio Grafica.
