Manuel Tufró, coordinador del equipo de Justicia Democrática y Seguridad Ciudadana del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dio su visión acerca de la declaración de Emergencia en Seguridad Pública que establece, entre otros aspectos, el derribo de aviones.
Consultado en Punto de Partida, reflejó que el derribo de aviones «implica una pena de muerte encubierta y también un avance de las Fuerzas Armadas sobre tareas de seguridad interior». Al analizar el decreto, «el truco esta en que asimila el narcotráfico a una amenaza externa». Desde su área del CELS consideran que «el narcotráfico de ninguna manera puede asimilarse a una invasión de un ejército externo sino que es un problema delictivo que debe ser tratado por las fuerzas de seguridad».
Respecto a la constitucionalidad de estas normativas, Tufró reveló que «la pena de muerte no existe en Argentina y no se puede establecer por un decreto». Esta decisión «entra en conflicto no solo con la Constitución sino también con las leyes de Seguridad interior y Defensa que prohíben a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad interior».
La Emergencia en Seguridad Pública, en su decreto, incluye «dentro de los delitos organizados a aquellas organizaciones que realizan delitos racistas o políticos». Asimismo Tufró expresó que «en una interpretación amplia eso podría servir para criminalizar a algunas expresiones políticas».
En diálogo con Lucas Molinari declaró que, «por fuera de este Decreto de Necesidad y Urgencia, ya está criminalizando la protesta a partir de lo que está sucediendo con Milagro Sala en Jujuy». Este decreto «sin dudas colabora con un clima ya que las interpretaciones de los jueces son muy volátiles y dependen de la lectura que hacen del humor social». Sintetizó que «si se sigue estableciendo la idea de que la protesta es un factor de desorden, en lugar de ser una actividad central de la democracia, es probable que tengamos más jueces que se sientan amparados para dictar fallos de este tipo».
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