Es un vaticinio que hace tiempo publica el diario La Nación. Las corporaciones en Argentina pujan activamente por el cambio de rumbo económico. Sin contentarse con la devaluación apuestan a más. A su vez un sindicalismo fragmentado, debilitado y disperso, sin embargo dejó en claro con el conflicto docente una consigna práctica Nunca Menos.
En un artículo de ayer domingo en Página|12, Alfredo Zaiat visibiliza una charla con un miembro del equipo de Kicillof, que comenta la “hoja de ruta” de la actual gestión. En resumen, cierre con el Club de París, acuerdo en metodología de mediciones con el FMI para mostrar la estabilidad que se exige para acceder al Mercado de Capitales. Endeudamiento para conseguir fondos para el desarrollo. La expectativa del juicio de los fondos buitres en los tribunales de EEUU y la problemática de la industria, donde la automotriz está en retracción por la fuerte competencia asiática. A la vez plantea un crecimiento anual del 5% del PBI y la expectativa de terminar el año con un stock de reservas de 31.000 millones de dólares.
No es la intención de este artículo debatir cuestiones técnicas, sino el trazo grueso de la agenda. En 2010, año del bicentenario, otro era el debate en la Argentina. Se planteaba con fuerza el Banco del Sur como opción de la Patria Grande a los organismos multilaterales de crédito. Se proponía la Ley de Servicios Financieros para poner a los bancos a en sintonía con un proyecto de industrialización y de distribución de las riquezas.
Dos proyectos no logrados por diversos motivos. Uno a nivel continental con la traba de las burguesías locales además del lobby de las multinacionales que son parte constitutiva de la economía de cada patria chica. Otro por acuerdo con las entidades que luego arman las corridas cambiarias. En este caso el kirchnerismo se caracterizó por ordenar de hecho un circuito productivo de préstamos bancarios y avanzó con hacer al Banco Central dependiente de la política económica oficial. Pero la ley de entidades financieras, la 21.526 dictada durante la dictadura militar en 1977 sigue vigente.
A la vez la dependencia estructural no se rompió. Los tratados bilaterales de inversión llevan a nuestro país a estar a la expectativa de la justicia yanqui producto de los atentados de los fondos buitres. Aquí no se trata de cuestionar solamente la deuda externa como ilegítima, sino el pago al CIADI y la continuidad neoliberal respecto al marco en que las multinacionales operan en el país. Valga hacer un repaso por la actividad minera en provincias como San Juan para afirmar que el extractivismo se ha profundizado en los últimos años. En este mismo sentido cabe destacar el crecimiento exponencial de la sojización que en el avance de la frontera agropecuaria expulsa al pequeño campesino y hegemoniza el modelo agropecuario.
Estos datos de la realidad no tienen que dejar de hacernos ver que nunca en la historia nacional se logró un proyecto nacional por más de una década. Doy por entendido que la Inclusión Social es un éxito en una batería de medidas logradas aplicadas y mantenidas por el Gobierno Nacional. Esto se sintetiza en organizaciones populares que han nacido exigiendo alimentos al Estado y en los últimos años se han dedicado a la construcción de viviendas a través de cooperativas. La preocupación en la escalada de precios y en la especulación inmobiliaria (por poner dos hechos económicos que determinan el poder adquisitivo de los trabajadores), es lo que tiene que abrirnos al debate de lo estructural que intenté esbozar.
* Lucas Molinari – Conductor de Punto de Partida / Área Periodística Radio Gráfica
