Lo dijo el Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Alejandro Mosquera, sobre la importancia del lanzamiento de la «Campaña Nacional contra la Tortura» que se realizó ayer en la ex Esma. A su vez resaltó el respaldo institucional expresado en el impulso de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó.
En dialogó con Lucas Molinari y Úrsula Asta en Punto de Partida, Mosquera indicó que «el principal debate es que una parte de los actores del poder judicial empiezan a debatir con su sociedad, con sus organizaciones y empieza a construir una reflexión sobre la justicia». Y aclaró que «para luchar contra la tortura no necesitamos solo discutir con la sociedad, necesitamos reclamar que cambien las politicas de seguridad y que se modifique también la justicia».
Según el relevamiento de la Cpm existen prácticas de tortura en las cárceles bonaerenses como el submario seco o húmedo, la picana eléctrica, palazos con bastones, duchas de agua helada y el aislamiento como castigo. Pero además Mosquera redefine: «una golpiza de dos agentes en la calle a un pibe también es tortura». La dificultad se esconde, explicó, en que «el neoliberalismo trajo consigo la naturalización de la desigualdad y, con ella, la violencia sobre los otros». Por esta razón, planteó que se «debe poner en el centro del debate la discusión sobre la igualdad en lo legal, pero también en lo económico y social».
Consultado sobre el trabajo de Cpm explicó: «Hemos logrado un paso en la Procuración de la Provincia de Buenos Aires para que los fiscales investiguen las muertes traumáticas y no traumáticas, porque a veces los suicidios no son suicidios, o están inducidos». En este sentido Mosquera dijo que hay casos en los que habría «una responsabilidad estatal de abandono de personas».
A su vez resaltó que «la mayor cantidad de torturas no se investiga, los fiscales o no están preparados o hay complicidad. El Poder Judicial posibilita que esta práctica sistemática se sostenga. Hay que democratizar la justicia porque el 98% de los detenidos en la Provincia tienen defensor público, es decir, en las carceles están los pobres».
Por último dejó una reflexión que «si en la Provincia se desarrolla una politica que entre sus prioridades no está la inclusión social y por otro lado desarrolla practicas de mano dura, estamos en un circulo que se retroalimenta».
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Entrevista parte 01
Parte 02
