A diez días de realizarse las elecciones primarias argentinas (PASO), los partidos de la oposición continúan objetando los cambios impuestos por el gobierno nacional en la realización del recuento provisorio de votos, que también se implementarían en la elección general de octubre y en el ballotage, en caso de que haga falta recurrir al mismo.
Las modificaciones impulsadas desde la Casa Rosada consisten en remplazar al Correo Argentino como transmisor de los resultados de las diversas mesas electorales por un conteo digital a cargo de la empresa privada Smartmatic. Los temores aumentaron luego de que el sistema de carga de datos no pasara satisfactoriamente la prueba realizada ante los respresentantes de la oposición, quienes además no obtuvieron una respuesta satisfactoria a sus objeciones por parte de Adrián Pérez, Secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, quien solo atinó a decir que el software estaría listo cuarenta y ocho horas antes de la elección, caso en el cual los partidos políticos no tendrían la posibilidad de auditarlo.
Beatriz Busaniche, docente de la UBA y presidenta de la Fundación Vía Libre, indicó en el aire de Radio Gráfica que «todo lo que tiene que ver con la documentación legal en papel de la elección está resguardado porque se logró evitar el uso del voto electrónico. El cambio que hay es en el escrutinio provisorio, la única parte de la elección donde la responsabilidad es exclusiva del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional Electoral. Recordemos que la Cámara Electoral, en una acordada de 2017, le había pedido al Poder Ejecutivo que arbitre los medios para mejorar el sistema de transmisión de resultados del escrutinio provisorio. Dentro de las opciones se encontraba la posibilidad de hacerlo desde las escuelas en lugar de los centros de correo para agilizar y transparentar un poco la carga de los resultados provisorios, que no tienen carácter legal sino informativo«.
En diálogo con Abramos la Boca la entrevistada agregó que «en diciembre de 2018, con poco plazo antes del inicio del cronograma electoral de este año, el Poder Ejecutivo contrató los servicios de Smartmatic, una firma venezolana que tiene su sede en un paraíso fiscal, la isla de Curaçao. La contrató de forma directa para desarrollar el software que va a transmitir los datos desde las escuelas. Luego, en una compulsa de precios para adjudicar el recuento, esta firma también se presentó y resultó ser la adjudicataria del contrato por haber presentado la oferta más barata, pese a que técnicamente resultó la peor calificada, lo cual es bastante serio para un proceso electoral. ¿Qué está en cuestión? La falta de transparencia de las instancias de contratación, la explicación banal del gobierno en términos de costos, y que la acordada de la CNE estableció que el software debía estar terminado y entregado treinta días antes a ella y a los partidos políticos, cosa que no sucedió«.
Finalmente Busaniche puntualizó que «lo que está en riesgo es la legitimidad de la elección porque el sistema es opaco. El trayecto de los telegramas hasta el centro de cómputos está mediado por procesos que rompen la trazabilidad de la información, y que permitirían manipular el orden de la carga, o que algunos telegramas no se carguen. Tampoco hay datos sobre los recaudos de seguridad informática, como las pruebas a los servidores o su resistencia a ataques externos. No hay nada que permita llevar tranquilidad en ese sentido. De fallar el escrutinio provisorio va a quedar la sensación de que algo raro pasó y eso atenta contra la legitimidad del proceso. Si se anuncia un ganador que no es, o si se da un margen entre el primero y el segundo que luego se achica o se agranda, habrá dudas sobre la legitimidad del proceso electoral y eso es muy malo para la democracia«.
Hasta el momento la CNE, tras una reunión con los apoderados de los partidos políticos, hizo saber al correo y a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior que deberán arbitrar los medios para asegurar las instancias de fiscalización del recuento provisional de resultados pedidas por los frentes opositores, pero que el escrutinio provisorio queda en la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional.
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