Por Adrián Berrozpe *
En el gobierno de Mauricio Macri, el PRO – Hoy Juntos Por el Cambio – se constituyó de dos enemigos públicos: la masa de trabajadores (ocupados o desocupados) organizados, a los que no ha dudado en reprimir cada vez que quiso. El segundo son las juventudes de clases populares.
Desde el 10 de diciembre de 2015, el gobierno no ha dudado en marcar como eje el Orden. Cueste lo que cueste. Toda manifestación del movimiento obrero fue reprimida. Recordemos que estas se dan por los miles y miles de despidos habidos tanto en el estado como en el sector privado. Un gobierno que permitió flexibilizar o por que las políticas económicas han arrasado con cuanta pyme se cruzaran.
El segundo gran enemigo son las juventudes de las clases populares. Estas, con diferentes bagajes y recorridos de acumulación cultural, se vieron golpeadas por las políticas económicas y sociales que buscan estigmatizar.
Lo primero que nos toca relatar es sobre la doble cara del progresismo que habla de aborto y fuma porro. Aquellos que buscan correr el eje de la verdadera discusión sobre una nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, diciendo que cualquier ley de la democracia es mejor que la de la dictadura. No es así, la ley que pretende impulsar el Pro (Alianza-Cambiemos) es mucho peor.
¿Por qué?
1-En base al Decreto actual de Videla (Ley 22.278), la edad de punibilidad fue fijada en 16 años. Por este motivo, bajar la misma a 15 años es un retroceso en materia constitucional y de derechos humanos; va en contra de los estándares internacionales vigentes. Por eso sostenemos que este Proyecto de Ley es peor que la Ley de Videla, ya que refuerza un Estado tutelar.
2-La discusión propuesta girada en torno al discurso de la seguridad y la reparación hacia las víctimas de delitos supuestamente cometidos por adolescentes se cae fuertemente ya que los delitos cometidos por personas menores de 16 años representan porcentajes bajísimos y más aún aquellos tipificados como graves por el Código Penal.
3-Asimismo, la propuesta de sanción de penas más duras que se observa en el proyecto de los ministros Garavano y Bullrich, no respetan los principios de la Convención de los Derechos del Niño en su Observación Número 10, entre otras. Y con argumentos falaces y garantistas promueve el encierro punitivo en situaciones que deben ser acompañadas por los organismos de protección pertinentes y no por Juzgados penales.
4-El proyecto de Garavano y Bullrich promueve una lógica de demagogia punitiva mientras que desde el Gobierno Nacional se lleva adelante una política económica cuyas primeras víctimas son, entre otras, los niños, niñas y adolescentes; al mismo tiempo que vacían el Sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Cuando se convocó a diferentes organismos y organizaciones, nacionales e internacionales, se repudió el proyecto de ley.
Sobre la grave situación de la Niñez y la adolescencia se habla poco y nada en los medios de comunicación hegemónicos.
En el informe de UNICEF publicado a fines de 2018 sobre “Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en Argentina”, se dio a conocer que el 48% de los niños, niñas y adolescentes del país son pobres, de los cuales el 20% se encuentra en condiciones de privaciones severas que implican vivir cerca de un basural, en áreas inundables o no haber asistido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años.
Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, no se llega al dígito del presupuesto para destinar en políticas de niñez, en cambio se festeja con bombos y platillos un nuevo presidio “modelo” (para poder contener a jóvenes revoltosos) y de paso poder poner en venta propiedades que se encuentran, muy bien valuadas, en barrios como Palermo o el microcentro porteño.
Mientras la ministra Patricia Bullrich sale a promocionar el “servicio cívico voluntario en valores”, sosteniendo que Gendarmería es más prestigiosa que la Escuela Pública. En provincia de Buenos Aires se agrava la emergencia educacional y en CABA organizaciones de trabajadores de la educación denuncian que no hay vacantes para veinticinco mil pibes y pibas de la ciudad.
Los datos oficiales (los que da el propio gobierno) da que solo el 0,8% de los delitos son cometidos por menores de edad y de ese universo son contados con la mano los que tienen desenlaces fatales.
El último censo sobre personas en situación de calle dio como resultado que en la ciudad se encuentran 7251 personas en esta situación, el 50% no tiene mas de un año en la misma (ósea que se duplicó esta población, producto de la política económica) de ese total 857 son niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.
A la situación de la violencia institucional (policial) en los barrios mas pobres, donde se ha trasladado las palizas de las comisarias, a las garitas de los pasillos, se le suman los fusilamientos a jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad. El asesinato de cuatro adolescentes en Monte y la represión padecida en Villa Caraza el miércoles 3 de julio pasado, son claras muestras.
Hay una saña desmesurada contra jóvenes y laburantes, pero peor aún es que se usa de manera publicitaria, ¿Será que como sociedad cambiamos derechos por castigo?, ¿Será que la tonfa vale más que el libro? o será simplemente que es más barata la bala que pibes comiendo en su casa?
(*) Trabajador de la dirección general de Responsabilidad Penal Juvenil (CABA).
