Un grupo financiero holandés presentó en el CIADI una demanda contra la Argentina por 500 millones de dólares por la estatización de las AFJP en el año 2008, durante el primer gobierno de Cristina Fernández. La querella fue presentada el 30 de abril por parte de las holandesas Nationale-Nederlanden Holdinvest B.V., Nationale-Nederlanden Intertrust B.V., NN Insurance International B.V y lo que queda de la Administradora Orígenes.
Miguel Ángel Fernández Pastor, director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, explicó en Radio Gráfica que “es uno de los tantos juicios que hacen los intereses financieros que se vieron perjudicados con la estatización del sistema jubilatorio”, una de las decisiones políticas soberanas más trascendentes durante el gobierno del peronismo kirchnerista.
En diálogo con Lucas Molinari en Punto de Partida, Fernández Pastor destacó que “lo que es curioso, lo que llama la atención, es que gran parte de Orígenes era del Banco Provincia de Buenos Aires”.
En principio todas las administradoras de fondos de pensión habían aceptado en el año 2008 el traspaso de los fondos depositados a la órbita del Estado, por eso esta decisión del CIADI debe entenderse como las “mañas y contramañas del ‘ultracapitalismo’ apoyados por un gobierno que hoy, seguramente, les da todas las facilidades para que eso ocurra”, expresó el director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social.
Estos fallos del CIADI tienen que ver con el momento político de la Argentina. “Uno supone que una administradora de fondos de pensión cuando se instala en el país lo hace bajo las normas argentinas, las leyes de la república, porque es una empresa argentina. No queda claro cuál es la razón por la que tenga que intervenir un juzgado internacional”.
“Cuando las empresas son totalmente argentinas, la ley vigente es la argentina. Por qué se va a liquidar en el CIADI con la intervención de un tribunal internacional si es una cuestión enteramente nacional”, insistió el abogado especialista en seguridad social.
Pero más allá de la definición de cuál es la jurisdicción en la que tiene que dirimirse una demanda económica por parte de jugadores que actúan a escala global, lo que queda en evidencia es que el CIADI no es un Tribunal ni un tercero imparcial que adopta acciones fundadas en la equidad y los principios de justicia, sino por el contrario, se trata de un aparato jurídico del capital financiero y las multinacionales que pretende avanzar contra las decisiones soberanas de las naciones. Y expropiarlas y damnificarlas con la imposición de tributos económicos que son presentados como supuestos atributos legales de una entidad imparcial, neutra y equitativa, cuando en realidad son juez y parte, la parte de los intereses financieros directamente vinculados con el imperio anglosajón.
Por último, Fernández Pastor precisó que “hasta el año 2015 no había ningún reclamo a la Argentina en el CIADI de las administradoras de fondos de pensión, por lo menos en que haya sido notificada la República Argentina”. Lo que deja entrever que el gobierno de Cambiemos ha creado las condiciones políticas y jurídicas para estimular los reclamos expropiatorios de los dueños del dinero, otro botonazo de muestra de la entrega nacional.
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