Alessandra Minnicelli, abogada y esposa del ex Ministro de Planificación Julio De Vido, conversó en el aire de Radio Gráfica acerca de la grave situación en la estructura del penal de Marcos Paz, donde su marido cumple prisión preventiva. Informó, con suma preocupación, que «hace una semana que no hay agua y hace dos días que no hay calefacción para una población carcelaria de tres mil personas».
En diálogo con Ya nada será igual Minnicelli indicó que «está hecha la denuncia porque el agua es un Derecho Humano básico. Además se están creando las condiciones para que ocurra una desgracia. Si están tomando el agua de la bomba de incendio, si toda esa gente pasa días sin bañarse, lavándose como pueden, se está generando malestar. Cualquier persona puede imaginar un eventual amotinamiento, o un incendio sin agua para atender el siniestro. El problema está en vías de solución pero hasta hoy [por ayer, n. del r.] siguen sin calefacción ni agua«.
La entrevistada indicó también que «es imposible, por el perfil público de algunos detenidos, sustraerse a la idea de que hay una intencionalidad en esta situación. Es la primera vez que la prisión es preventiva durante 561 días en una cárcel de máxima seguridad, en la cual no hay por dónde salir en caso de incendio. En cualquier país civilizado este tipo de establecimientos penitenciarios son para personas peligrosas condenadas por delitos aberrantes»
Precisó que «no es el caso de mi marido. Julio está detenido sin que se sepa qué delito económicos cometió para hablar de corrupción, aparte de haber sido Ministro de Planificación durante doce años. Por otro lado hay gente que lleva años procesada en Marcos Paz, sin condena. No son delincuentes peligrosos que hayan cometido delitos aberrantes«.
Finalmente Minnicelli sostuvo que «en este momento no hay administración de justicia. El equilibrio de los tres poderes del Estado está quebrado porque dos están funcionando a merced de uno, el Ejecutivo. Este ha neutralizado al Legislativo y está ejerciendo toda su influencia sobre el Judicial. Dieciocho magistrados del Poder Judicial deberían ser puestos en comisión porque han entramado esta situación irregular de espionaje ilegal».
Ante este panorama «sí o sí hay que tomar una decisión urgente para que no sigan haciendo daño, sea quien sea el gobierno que actúe desde diciembre de este año. Las medidas a tomar son variadas, habrá que buscar las mejores. Hay que escuchar a las agrupaciones de profesionales del derecho, que han visto cómo todas las aberraciones cometidas por esta Justicia«.
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