El pasado 11 de marzo, personal de la empresa Telecom acompañados por 50 policías entró violentamente en la comunidad indígena Angosto del Perchel, que está a 8 kilómetros al norte de Tilcara por la Ruta Nacional 9, con el objetivo de instalar fibra óptica en un tramo que va desde San Salvador de Jujuy hasta Humahuaca.
“La ley nacional 24071 establece, taxativamente, que en todos los temas que afecten a las comunidades indígenas deberán ser consultadas con ella y, por supuesto, obtener su consentimiento”, explicó Raúl Sajama, integrante de aquella comunidad, a Radio Gráfica.
En diálogo con Ariel Weinman en Panorama Federal, Sajama alertó que vienen sufriendo una serie de atropellos por parte del gobierno de Jujuy y de las empresas.
El hombre de la comunidad Angosto del Perchel recordó que “desde noviembre del año pasado habíamos contacto a personal de Telecom a los fines de plantearle que el paso de la fibra óptica por la Comunidad se debía cumplir la ley nacional 24071 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que está incluido dentro del marco legal argentino. Además, 50 policías armados que entraron en el territorio de la comunidad, han violado esta ley nacional”, denunció el referente indígena.
A su vez, Sajama relató que “durante la mañana del pasado 11 de marzo, después de las 9, tres mujeres de la comunidad protestaron frente al personal de policía. Allí estaba presente la responsable de la Fiscalía de Tilcara, la doctora Di Pietro, quien recibió las denuncias de incumplimiento de la ley por parte del personal de Telecom, que estaban ingresando al territorio de la Comunidad, y destruyendo cultivos y propiedades”.
Las fuerzas de seguridad actuaron con premura, “y las tres señoras y un comprador que estaba de paso por ahí fueron detenidos arbitrariamente por la policía y trasladados a la comisaría de Tilcara, donde fueron alojados en los calabozos de la repartición policial”, precisó el integrante de la comunidad indígena. “Yo me presenté en la Comisaría para hacer la denuncia contra la empresa, pero inexplicablemente, tardaron tres horas en tomármela. Luego de efectuada esa notificación, recién la Fiscal determinó que se tenían que suspender las obras y dispuso la libertad de las tres hermanas de la Comunidad detenidas”, narró Salama.
Frente al incumplimiento de la ley por parte del gobierno de la provincia de Jujuy, “también las comunidades indígenas de las Salinas Grandes han denunciado en un documento de hace una semana los anuncios públicos del gobernador Gerardo Morales ‘de seguir adelante con los proyectos extractivistas de litio». Las 30 comunidades indígenas de las Salinas Grandes «no van a permitir empresa extractivista alguna, y menos aquellos emprendimientos que consuman grandes volúmenes de agua dulce que es lo que falta en la Región y la sacan del subsuelo, poniendo en peligro toda la vida, no sólo la de este lugar’”.
Por último, Sajama informó que “Telecom sólo pudo avanzar 400 metros con el tendido de fibra óptica, la obra está suspendida”, pero subrayó que “lo más grave es la violación de la ley y la falta de estado de derecho que existe en la provincia de Jujuy, una Provincia que todavía pertenece a la Argentina. Para los indígenas no hay ley, no hay Constitución”, concluyó.
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