Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista y defensor de presos políticos implicados en la causa de las fotocopias, dialogó con Radio Gráfica sobre el escándalo que envuelve al fiscal Carlos Stornelli y el abogado Marcelo D´Alessio.
En diálogo con Mauro Cavallín, Barcesat explicó que «las formas irregulares con las que se iniciaron la causa demuestra la pestilencia institucional de este proceso» ya que «al haberse podido aportar pruebas materiales como fotografías, videos, registros de conversaciones de whatsapp, entre otros, se ha podido llegar a una situación limite en lo que hace a la admisibilidad de la continuidad del fiscal Stornelli y el juez Bonadio en la conducción de esta causa, para que, de tener algún trámite, sea ante juez natural de la constitución, sorteado en debido mecanismo informático y con un nuevo fiscal»
Respecto a la nota de tapa del diario Clarín del día de hoy, el abogado explicó «es parte de pústula institucional que da cuenta que este proceso está armado a base de una complicidad entre los servicios que han provisto el relato de que los cuadernos los escribió Oscar Centeno y que solamente hay fotocopias ya que están quemados»
Barcesat sostuvo la esperanza que «en pocos días, ya sea por el Congreso de la Nación y el pedido de informes, por una actuación en función del Poder Judicial, o por la recusación se resuelva no solo el desplazamiento de Bonadio y de Stornelli, sino también de los dos integrantes de la sala 1 de la Cámara Federal que han venido convalidando estas actuaciones sin dar una respuesta a ninguno de los planteos nulidicientes que hemos introducido los abogados defensores, como también a los dos jueces de la sala 1 de la Cámara de Casación Penal Barroetaveña y Petrone nombrados a dedo y sin concurso de antecedentes” y manifestó que “tendrán que rendir cuentas sobre como convalidaron estas actuaciones que tienen nulidades visibles»
Finalmente, el constitucionalista expresó: «esto no es un acto aislado respecto de este empresario, ya que desde las propias manifestaciones del fiscal, como que no se vuelque en el acta todo lo que declaro el supuesto arrepentido, José López, sumado al caso de que no había soporte técnico de las audiencias en que hubo manifestaciones y relatos de los arrepentidos, es una ofensa a la institucionalidad, a la razón jurídica, a la dignidad del discurso jurídico y de las practicas jurisdiccionales«
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